Directivo de Suizo Argentina se desliga de maniobras en la ANDIS
NewsITe
El presidente de Suizo Argentina S.A., Jonathan Kovalivker, rechazó de forma categórica haber integrado o dirigido una asociación ilícita vinculada a presuntas maniobras defraudatorias contra la Administración Pública en el marco de la investigación por contrataciones con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En un descargo presentado para ser incorporado a su declaración indagatoria, el empresario sostuvo que la imputación de la fiscalía se apoya principalmente en el cargo que ocupa dentro de la compañía, sin atribuirle ningún acto personal concreto. Según su defensa, el dictamen no menciona órdenes, firmas, comunicaciones ni reuniones en las que Kovalivker haya intervenido en relación con los hechos investigados.
Los abogados remarcaron que esta forma de acusación vulneraría el principio de culpabilidad y el llamado “derecho penal de acto”, dado que no se describen conductas específicas del directivo que permitan vincularlo de manera directa con las supuestas maniobras irregulares dentro de la ANDIS. En otras palabras, cuestionan que se pretenda responsabilizarlo únicamente por su rol jerárquico.
Los argumentos de la defensa y el alcance de la investigación
De acuerdo con el resumen de la presentación, tras el análisis de teléfonos celulares, cuadernos, registros de ingresos a barrios privados y documentación contable secuestrada en la causa, la fiscalía no habría hallado comunicaciones, instrucciones ni menciones que involucren a Kovalivker. El descargo añade que las visitas registradas en su domicilio corresponden a empresarios del mismo rubro y contactos sociales, sin vínculo con presuntos delitos.
El presidente de Suizo Argentina destacó además el perfil y la trayectoria de la firma, que cuenta con más de un siglo de presencia en el mercado, cerca de 2.000 empleados y una red de centros de distribución con alcance federal. En ese contexto, subrayó que las operaciones comerciales con la ANDIS representan un porcentaje minoritario del volumen de negocios: un 2,14% de la facturación en 2023, 4,22% en 2024 y 3,14% entre enero y octubre de 2025.
Cuestionamientos a las pruebas y medidas judiciales
La defensa de Kovalivker pidió la nulidad del dictamen fiscal y de la resolución dictada el 21 de agosto de 2025, que ordenó allanamientos, la requisa de dispositivos electrónicos y el levantamiento de secretos bancarios y fiscales. Sostienen que esas medidas se apoyan en audios de origen presuntamente ilícito, obtenidos en forma clandestina y con posibles indicios de manipulación o edición.
- Impugnación de la validez de los audios que habrían dado inicio a la pesquisa.
- Críticas a la ausencia de individualización de conductas concretas atribuidas al directivo.
- Planteo de nulidad de los allanamientos y del levantamiento del secreto bancario y fiscal.
En la misma línea, solicitaron que se deje sin efecto la inhibición general de bienes que pesa sobre el empresario, al considerar que se trata de una medida cautelar adoptada sin una motivación específica y proporcionada. El caso se inscribe en un escenario de creciente escrutinio sobre los contratos públicos y el funcionamiento de los organismos dedicados a la asistencia a personas con discapacidad, en el que la Justicia deberá definir ahora si mantiene las acusaciones tal como fueron formuladas o si hace lugar a los planteos de la defensa.
“No existe un solo acto, comunicación o instrucción de mi parte que permita vincularme con una asociación ilícita o con defraudaciones en perjuicio del Estado”, planteó Kovalivker en su descargo, según reconstruye la presentación judicial.
Mientras tanto, la investigación continuará con la revisión de pruebas y la evaluación de los pedidos de nulidad, en un expediente que combina la discusión penal con el debate sobre los criterios de responsabilidad de los directivos en grandes empresas proveedoras del Estado.
