Docentes cuestionan el vínculo entre aumento y titularizaciones
NewsITe
Un grupo de docentes nucleados en la Unión Docentes Argentinos (UDA) llevó adelante un “semaforazo” en pleno centro de San Fernando del Valle de Catamarca para visibilizar su malestar con el gobierno de Raúl Jalil. El gremio sostiene que la administración provincial condicionó la recomposición salarial a la aceptación de un paquete de titularizaciones, lo que, a su entender, obliga a elegir entre ingresos y estabilidad laboral.
La protesta se realizó el martes 18 de agosto en la intersección de Rivadavia y Zurita, un punto neurálgico de la capital provincial. La modalidad, que consiste en exhibir carteles y folletos durante los cambios de semáforo sin cortar totalmente el tránsito, fue elegida para no interrumpir el dictado de clases y evitar los descuentos salariales que podría generar una huelga tradicional.
Desde la conducción sindical, la vocal gremial Estela Urueña reclamó que la Provincia aplique al pago de haberes adeudados la misma celeridad que anunció para el nuevo sistema digital de opción de cargos. Además, remarcó que siguen pendientes los listados de titularización prometidos, un punto clave para miles de docentes que esperan regularizar su situación laboral.
Un acuerdo paritario que profundizó las diferencias
El conflicto se remonta a la paritaria cerrada en marzo. En esa instancia, el Ejecutivo provincial presentó una propuesta que fijó un salario mínimo docente garantizado de $870.000 por cargo, con un máximo de dos cargos por persona, y un esquema de actualización bimestral atado a la inflación. El paquete incluyó también un proceso de titularización que el gobierno difundió como parte de un “acuerdo integral”.
Mientras gremios como ATECa, SADOP y SIDCa aceptaron el entendimiento, UDA y SUTECA lo rechazaron. Para UDA, combinar en un mismo paquete el aumento salarial y la regularización de cargos implicó, en la práctica, condicionar una mejora en los ingresos a la aceptación de un esquema de titularizaciones que el sindicato cuestiona. Esa diferencia, que nunca logró saldarse dentro de la mesa paritaria, volvió a emerger con fuerza en la calle durante la protesta del 18 de agosto.
Acusaciones políticas y reclamos pendientes
La dirigencia de UDA volvió a calificar la propuesta oficial como “extorsiva”, aunque se trata de una caracterización política del sindicato. No existe hasta el momento ninguna imputación penal ni resolución judicial que atribuya al gobernador ni a sus funcionarios el delito de extorsión, por lo que el planteo se mantiene en el plano gremial y político.
En paralelo al reclamo local, la manifestación incluyó críticas al desfinanciamiento del sistema educativo a nivel nacional y a la quita de partidas presupuestarias que impactan en programas y políticas escolares. Sin embargo, el foco principal se mantuvo en el Ejecutivo catamarqueño, al que UDA responsabiliza por los haberes que asegura tener pendientes de pago, por la falta de claridad en los listados de titularización y por las condiciones establecidas en el acuerdo de marzo.
- Salario mínimo docente ofrecido: $870.000 por cargo, con máximo de dos cargos.
- Actualización bimestral de haberes según la inflación.
- Proceso de titularización docente integrado al mismo paquete paritario.
- Gremios que aceptaron: ATECa, SADOP y SIDCa; gremios que rechazaron: UDA y SUTECA.
Las denuncias sobre haberes y listados pendientes continúan siendo afirmaciones del gremio y no fueron reconocidas como incumplimientos por parte de una decisión judicial.
La jornada de protesta concluyó sin incidentes ni interrupción total del tránsito. Pese a ello, dejó expuesta una fractura en la representación docente y un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno de Jalil y UDA. Mientras la administración provincial mantiene vigente el acuerdo firmado en marzo con la mayoría de los sindicatos, el gremio disidente insiste en que la discusión salarial debe separarse de cualquier esquema de titularización y que los compromisos asumidos con el sector docente deben cumplirse en tiempo y forma.
