La Cámara Federal confirmó el régimen de alto riesgo para los imputados
NewsITe
Los imputados por la presunta extorsión al soldado Rodrigo Gómez, el joven de 21 años que se quitó la vida mientras prestaba funciones de custodia en la Quinta de Olivos, continuarán detenidos bajo el régimen de presos de alto riesgo, dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal del Departamento Judicial de San Martín, que rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por las defensas de T.M.F. (23), M.J.D.A. (25), I.A.C. (23) y K.Y.C. (25). Todos ellos se encuentran procesados y a las puertas del juicio oral a partir del requerimiento de la Fiscalía Federal N.° 1 de San Isidro, a cargo de Federico Iuspa.
Los camaristas Marcelo Darío Fernández y Juan Pablo Salas entendieron que no se verificaba una contradicción “evidente e insalvable” entre la Constitución Nacional y la normativa que regula el régimen de alto riesgo. En ese sentido, remarcaron que tanto el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, como el Servicio Penitenciario Federal actuaron dentro de sus atribuciones al organizar el alojamiento de internos considerados de alta peligrosidad, como los involucrados en este expediente.
Los cargos y la organización delictiva investigada
De acuerdo con el requerimiento fiscal, T.M.F. y M.J.D.A. deberán enfrentar un juicio por asociación ilícita agravada en carácter de jefes y como coautores de tres hechos de extorsión. Además, se les imputa la instigación al suicidio de Rodrigo Gómez, figura prevista en el artículo 83 del Código Penal, que contempla penas de entre 1 y 4 años de prisión.
Para el resto de los acusados —K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M.— el fiscal solicitó que sean juzgados como miembros de una asociación ilícita agravada y coautores de los mismos tres hechos de extorsión. Según la investigación, varios de ellos eran “compañeros de encierro” y contaban con la colaboración de sus parejas y de otra persona allegada para recibir y canalizar el dinero de las maniobras.
La causa se abrió el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo de Gómez en una de las garitas de la residencia presidencial de Olivos. Integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, el joven se disparó con su arma reglamentaria y dejó una carta donde daba cuenta de las presiones y motivos que lo llevaron a tomar la drástica decisión.
Cómo operaba la banda y los tres episodios comprobados
La pesquisa, llevada adelante por la fiscalía, el juzgado interviniente y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, permitió reconstruir el funcionamiento de la organización. De acuerdo con el resumen difundido en el portal Fiscales, el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, y luego derivaba el diálogo a WhatsApp, donde desplegaba el esquema extorsivo.
- En el primer caso, la víctima fue el propio Rodrigo Gómez, quien el 15 de diciembre transfirió $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago presuntamente vinculadas con los acusados.
- El segundo episodio, registrado el 26 de diciembre, tuvo como damnificado a otro hombre, obligado a transferir $15.000 a una cuenta asociada a una de las imputadas.
- Entre el 22 y el 28 de diciembre se documentó un tercer hecho, en el que otra víctima depositó en total $116.000 en cuentas pertenecientes a dos acusadas.
En todos los casos, el mecanismo era similar: tras el contacto inicial, las víctimas recibían un audio de una supuesta madre que aseguraba que la joven con la que habían chateado era menor de edad y advertía sobre la posibilidad de realizar una denuncia penal. Luego intervenía otra persona que se presentaba como integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, usurpando la identidad de un efectivo real, para exigir nuevos pagos con el argumento de “evitar el problema judicial”.
Para la fiscalía, se trató de una organización estructurada que se valía de perfiles falsos, amenazas y la simulación de procedimientos policiales para obtener dinero de sus víctimas.
Con la confirmación del régimen de alto riesgo, los principales imputados seguirán detenidos mientras se completan las medidas procesales previas al juicio oral, en una causa que tiene como trasfondo la muerte del joven soldado y que volvió a poner en debate las estafas y extorsiones virtuales que se multiplican en el país.
