Caso Manuel Adorni: para el fiscal Gerardo Pollicita, no se pudo corroborar enriquecimiento ilícito

El fiscal sostuvo que no hay pruebas para continuar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete. Solicitó que se determine si el dinero que Adorni afirmó tener antes de asumir, y que no había declarado, configura una posible evasión.

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no existen pruebas para considerar que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por la función pública. En un dictamen presentado ante el juez federal Ariel Lijo, pidió que la causa pase al fuero penal económico para investigar una posible evasión.

Según fuentes judiciales, Pollicita consideró que no cuenta con fundamentos para rebatir la explicación del exfuncionario, quien aseguró que tenía el dinero desde antes de ingresar al Gobierno, aunque no lo había declarado ante el fisco. Para el fiscal, los elementos reunidos no permiten sostener la investigación por enriquecimiento ilícito.

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Adorni afirmó que los fondos utilizados para comprar un departamento y una casa en un country provenían de una inversión en Bitcoin anterior a su llegada a la función pública. Ese dinero tampoco había sido incluido en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

La investigación en los tribunales de Comodoro Py se concentró en determinar si el crecimiento patrimonial del exfuncionario podía justificarse con sus ingresos y los de su esposa. Bajo análisis quedaron las compras inmobiliarias, los viajes y otros gastos de la familia durante su paso por el gobierno de Javier Milei.

Con la causa avanzada, Adorni rectificó sus declaraciones juradas e incorporó más de 565.000 dólares a su patrimonio bajo el concepto de “venta de activos”. Esa modificación buscó justificar las diferencias patrimoniales que habían surgido durante la investigación.

Si Lijo acepta el planteo de Pollicita, la decisión no implicará el sobreseimiento de Adorni. El expediente pasaría al fuero penal económico, donde se analizaría si existió evasión vinculada con los fondos que el exfuncionario reconoció haber mantenido sin declarar.

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