Casación dejó firmes las condenas por el crimen de Lara Fernández
NewsITe
El Tribunal de Casación Penal N.º 2 de La Plata rechazó las apelaciones presentadas por la familia de Lara Fernández y por las defensas de los condenados por su homicidio, y dejó firmes las penas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 5 de Lomas de Zamora. La resolución generó una fuerte reacción de la madre de la joven, quien volvió a cuestionar con dureza al Poder Judicial bonaerense.
Según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los jueces María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini declararon improcedente el recurso de casación presentado por Laura Fernández, madre de la víctima, quien insistía en que el caso debía encuadrarse como homicidio criminis causae —matar para ocultar otro delito—, figura cuya única pena posible es la prisión perpetua.
La particular damnificada sostuvo que la sentencia es “arbitraria” y denunció que las pruebas no fueron valoradas de manera integral. En su planteo, remarcó que el fallo “quiebra las formas esenciales de la resolución y el debido proceso” y que, además, “carece de motivación”. Pese a estos argumentos, Casación desestimó el recurso y ratificó las condenas impuestas a los tres acusados.
Condenas firmes y un menor inimputable
El 25 de noviembre de 2024, el TOC N.º 5 de Lomas de Zamora había condenado a Alan Benjamín González Ávalos a 24 años de prisión; a Leandro Nicolás Strassera a 21 años; y a Cristian Mario Maidana a 20 años. Los tres fueron considerados coautores del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad.
Ese menor fue identificado como Martín Aguirre, quien tenía 15 años al momento del hecho ocurrido el 1 de enero de 2022. Por su edad, nunca será sometido a juicio, situación que profundiza el malestar de la familia de Lara y reaviva el debate sobre el régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Además, Strassera fue hallado culpable de otros hechos: hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y robo agravado por su comisión en poblado y en banda, también con la participación de un menor. En tanto, González Ávalos recibió la pena más alta porque se le atribuyó, además, el asesinato de Hugo Mario Domato, un jubilado de 70 años asesinado en el partido bonaerense de La Matanza.
Críticas al Poder Judicial y nuevo recurso
En la misma resolución, Casación también rechazó los planteos de los familiares de Domato y de las defensas de los condenados, por lo que todas las penas quedaron firmes en esta instancia. La madre de Lara expresó su profundo enojo por el tiempo que demoró el fallo: “La Justicia en la provincia es un desastre, una cargada y, encima, tardaron un año y tres meses”, señaló.
La mujer, que se desempeña como oficial de la Policía de la Ciudad, cuestionó que, a su entender, los magistrados otorgan más beneficios a los delincuentes que a las víctimas. “Salen, matan con un menor que no va a recibir ninguna sentencia y les dan beneficios y pocos años. Cada vez podemos confiar menos en el Poder Judicial”, lamentó.
En sus declaraciones, también hizo hincapié en el contraste entre la situación de los condenados y el dolor de las familias de las víctimas: remarcó que los padres de los asesinos pueden visitar a sus hijos en la cárcel, mientras que ella solo puede ir al cementerio a ver a Lara. “A mi hija le quitaron sus sueños, sus metas y proyectos. Sé que nada me la va a devolver, pero al menos necesitaba algo de paz con una pena ejemplar”, afirmó.
“Es la tercera vez que la Justicia me da la espalda”, sostuvo la madre de Lara, quien anticipó que llevará su reclamo a la Suprema Corte bonaerense.
Frente a este escenario, la familia de Lara y los allegados a Hugo Domato presentaron un nuevo recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Buscan que el máximo tribunal revise lo decidido por Casación y evalúe si corresponde agravar la calificación legal del hecho. Mientras tanto, el caso vuelve a instalar en la agenda pública el debate sobre la respuesta penal frente a los delitos violentos y el rol del sistema judicial en la protección de las víctimas.
