Familias marcadas por el caso Casco y años de cárcel preventiva
NewsITe
El caso de Franco Casco, el joven de Florencio Varela que apareció muerto en el río Paraná en 2014 tras haber estado detenido en la Comisaría Séptima de Rosario, sigue dejando huellas profundas. A casi una década de los hechos y luego de un fallo absolutorio para 19 policías, varios de los acusados y sus familiares reconstruyeron cómo fueron los años de detención preventiva, el impacto en sus hijos y el estigma social que aseguran haber sufrido mientras la causa avanzaba en la Justicia federal.
Entre los testimonios más crudos se encuentra el del subcomisario Enrique Gianola, subjefe de la Seccional Séptima y uno de los 19 efectivos que llegaron a juicio. El oficial relató que su hijo Ignacio sufrió severas consecuencias físicas y emocionales durante el período en que él estuvo detenido en el penal federal de Marcos Paz, a tal punto que el nene llegó a perder el pelo por el estrés. Gianola permaneció casi seis años privado de la libertad hasta que fue declarado inocente en 2023.
Casco, de 20 años, había viajado desde Florencio Varela a Rosario para visitar a familiares. Según los registros policiales, fue detenido el 7 de octubre de 2014 y alojado en la Seccional Séptima. Esa misma noche, a las 22, firmó el acta de excarcelación y recuperó la libertad. Sin embargo, dos días después su familia se presentó en la comisaría para averiguar por su paradero. Casi tres semanas más tarde su cuerpo apareció flotando en el río Paraná, lo que dio origen a una causa que tuvo fuerte repercusión pública y política.
La autopsia realizada en aquel momento no detectó lesiones visibles y estableció una causa de muerte “indeterminada”. Pese a ello, la Justicia federal sostuvo la hipótesis de que Casco había sido asesinado dentro de la comisaría y que los policías involucrados habían encubierto el hecho. Bajo ese encuadre, unos 30 efectivos fueron detenidos y 19 llegaron finalmente al juicio oral. Todos resultaron absueltos en 2023, aunque el expediente aún no está completamente cerrado.
El relato de Gianola: detención, Marcos Paz y el impacto en su hijo
Gianola recordó que su detención atravesó distintas etapas: primero estuvo alojado en dependencias de Gendarmería, luego fue trasladado al penal de Marcos Paz y más tarde obtuvo el beneficio del arresto domiciliario. Esa medida, sin embargo, fue revocada con el argumento de que el pedido se había fundado en la situación de salud de su hijo. “Fue otra despedida dolorosa que él tuvo que pasar”, señaló, al describir el momento en que debió volver a la cárcel.
El subcomisario relató que las visitas semanales de su familia se transformaron en su principal sostén anímico. Una sonrisa de su hijo, explicó, funcionaba como un alivio en medio del encierro y alimentaba la expectativa de volver a verlo siete días después. Pero el niño, que ya realizaba terapias motrices y psicológicas antes de la detención de su padre, comenzó a manifestar señales de un fuerte estrés emocional: “Un día apareció cayéndosele el pelo… se le peló toda la nuca”, contó.
Según su testimonio, la salud del nene mejoró cuando él obtuvo el arresto domiciliario, aunque ese progreso coincidió con la decisión judicial de quitarle el beneficio y enviarlo nuevamente a un calabozo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A la distancia, el policía también recordó que su madre falleció mientras él aún estaba bajo arresto domiciliario y que el juez sólo le permitió asistir al velorio por dos horas y media, en medio de estrictas condiciones.
Niños frente a las visitas a la cárcel y el peso del estigma
Los relatos de Gianola se replican, con matices, en las historias de otras familias de policías que fueron acusados en la causa Casco. Verónica Enciso, esposa del efectivo Guillermo Gysel, contó que durante las visitas al penal de Marcos Paz optaron por mentirles a sus hijos pequeños: les dijeron que el padre estaba trabajando allí. Sin embargo, la versión no resistió muchas jornadas de requisas y controles. “Ese no es el lugar de trabajo del papá, ese lugar es feo”, le llegó a decir uno de los chicos.
Enciso recordó que, por su corta edad, los menores no pasaban por el escáner y debían ser revisados de manera manual: les pedían que se desvistieran para volver a vestirse delante de los agentes de control. Según la mujer, los chicos llegaban sin síntomas y regresaban a casa con broncoespasmos y problemas respiratorios, escenario que atribuyó al estrés que les generaba ir a ver a su padre en prisión. En paralelo, describió cómo revisaban la comida que llevaban, incluso con un mismo cuchillo utilizado para abrir otros elementos, lo que generaba malestar e indignación entre las familias.
Elisabet Gysel, hermana de Guillermo, se detuvo en el impacto que tuvo la causa sobre sus sobrinos, de 4 años y un año al momento de la detención del padre. El más chico, relató, se descomponía la noche anterior a cada visita, con vómitos y malestares estomacales, como forma de expresar la angustia de ver al papá un rato y no saber cuándo lo volvería a abrazar. El mayor, en tanto, multiplicaba las preguntas sobre las ausencias en fechas clave como cumpleaños, Navidad o el Día del Padre.
Seis años de incertidumbre y una absolución todavía en disputa
La causa atravesó a varias generaciones de las familias involucradas. “Te destruye como familia”, sintetizó Elisabet, al enumerar años de fiestas y cumpleaños sin la presencia de su hermano. También relató cómo el señalamiento social afectó su cotidianeidad: llegó a perder la voz durante semanas, dijo, luego de discutir con una compañera de trabajo que calificó a su hermano de “asesino” solo por su condición de policía.
En la misma línea, Alejandra Gómez, esposa del policía Marcelo Guerrero, relató el dilema de cómo explicarle a su hijo Lorenzo, de 6 años, por qué su padre ya no estaba en casa. Al principio le dijeron que trabajaba en Gendarmería, pero con el tiempo optaron por contarle que estaba detenido por un hecho que ellos consideran injusto. El niño, recordó Gómez, se angustió al entender que su padre no podría acompañarlo a actividades cotidianas.
Otras voces, como la de Laura Martínez —hermana del policía Fernando Blanco— y la de Mariela Terengue —esposa del comisario Diego Álvarez, jefe de la Seccional Séptima en 2014—, coincidieron en describir los años de proceso como una “película de terror” y un camino marcado por la incertidumbre. Hugo Álvarez, hermano del comisario y presidente de la ONG Inocente Colectivo, habló de un “costo generacional” para los hijos que pasaron gran parte de su infancia viendo a sus padres solo en contextos de encierro.
Si bien el fallo absolutorio de 2023 en Rosario fue vivido como un enorme alivio por las familias de los policías, la causa judicial continúa abierta. El Tribunal de Casación Penal hizo lugar a un recurso del fiscal federal Oscar Arrigo y ordenó dictar una nueva resolución, mientras que las defensas recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que se confirme la absolución. A la espera de esa definición, el expediente sigue siendo una herida abierta tanto para los allegados a Casco como para los uniformados que estuvieron presos durante años.
