Caso Ángel: el máximo tribunal chubutense, en etapa de definiciones

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut se encuentra en la instancia final de la auditoría interna iniciada tras el crimen de Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, y aguarda el último informe técnico para resolver qué medidas adoptará sobre el área judicial que intervino en el otorgamiento de la tenencia a su madre, hoy detenida e imputada por el homicidio.
La revisión comenzó a mediados de abril, cuando se dispuso una intervención sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), organismo clave en los procesos donde se evalúan situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. El objetivo formal fue realizar una “auditoría y contralor del debido cumplimiento de las misiones y funciones encomendadas por la normativa vigente”, según consta en el documento de presentación.
Andrés Giacomone, presidente del STJ chubutense, confirmó que la etapa de análisis se encuentra próxima a concluir, a partir de la entrega del informe final elaborado por las áreas técnicas. “Una vez analizado ese informe se verá cuál es el resultado al que se arribó y en base a eso también se tendrán que tomar medidas”, señaló el magistrado, en declaraciones reproducidas por el portal regional ADN Sur.
En qué consiste la auditoría interna
Según explicó Giacomone, la auditoría no se centra en la responsabilidad penal de los funcionarios o profesionales que intervinieron en el caso, sino en el desempeño general del sistema de protección y del Poder Judicial en estas instancias sensibles. La revisión abarca procedimientos, protocolos de actuación, tiempos de respuesta y articulación entre los distintos organismos que tratan problemáticas de infancia.
El presidente del STJ remarcó que el propósito es determinar si el entramado institucional que debe resguardar a niños, niñas y adolescentes funciona de manera adecuada o si se detectan fallas estructurales que ameriten cambios. Entre las posibles derivaciones aparecen la actualización de protocolos, la capacitación de equipos técnicos y judiciales, y la redefinición de criterios para la evaluación de entornos familiares conflictivos.
Posibles medidas y miradas a futuro
Aun cuando el foco actual está puesto en el funcionamiento global del sistema, Giacomone no descartó que, en una etapa posterior, puedan analizarse desempeños puntuales de quienes intervinieron en la causa. Eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias podrían surgir si la auditoría detecta que se incumplieron obligaciones o se actuó con negligencia en la evaluación de riesgos para el niño.
- Revisión del rol del Equipo Técnico Interdisciplinario en la asignación de tenencias.
- Evaluación de la coordinación entre el Poder Judicial y los organismos de niñez provinciales y municipales.
- Posible actualización de protocolos frente a situaciones de violencia intrafamiliar.
“Nosotros lo que tenemos que analizar es el conjunto, verificar si el sistema como tal está funcionando de manera correcta y cuáles son las posibles mejoras”, sostuvo Giacomone al referirse al alcance de la auditoría.
El crimen de Ángel López reavivó el debate sobre la capacidad del Estado para prevenir situaciones extremas de violencia contra niñas y niños. Las conclusiones del STJ de Chubut, y las medidas que de ellas se deriven, serán determinantes para definir cómo se ajustarán los mecanismos de protección en la provincia y qué cambios se impulsarán para evitar que tragedias similares se repitan.

