Investigación y polémica tras la muerte de Ángel López.
La muerte de Ángel López, el niño de Comodoro Rivadavia asesinado a golpes, sigue generando conmoción y ahora suma un nuevo capítulo judicial. La Fundación Más Vida denunció a las psicólogas que elaboraron los informes que permitieron que el menor volviera a vivir con su madre, Mariela Altamirano, hoy detenida con prisión preventiva junto a su pareja como principales sospechosos del crimen.
Las profesionales señaladas son Jennifer Leiva y Vanesa Marín. De acuerdo con la presentación realizada por la organización ante la Justicia, sus evaluaciones habrían sido determinantes para que el juez Pablo José Pérez resolviera otorgarle nuevamente la tenencia del chico a Altamirano, pese a antecedentes y condiciones de vida que, según la denuncia, no eran adecuadas para un niño.
Integrantes de la Fundación Más Vida indicaron a la agencia Noticias Argentinas que la acusación contra las psicólogas es por los delitos de presunta violación de los deberes de funcionario público y confección de informe falso. En el planteo sostienen que sus conclusiones profesionales tuvieron un peso decisivo en la revinculación de Ángel con su madre biológica.
Críticas a los informes y omisiones en el caso
La entidad cuestiona que Leiva y Marín habrían impulsado el vínculo madre-hijo por motivos ideológicos y sin una evaluación completa del entorno. Según remarcan, no se habría realizado un informe ambiental exhaustivo, herramienta clave para relevar las condiciones materiales y sociales en las que viviría el niño. Ese estudio, señalan, podría haber alertado sobre graves carencias en la vivienda y el contexto familiar.
Entre los datos que alimentan la controversia figura que Altamirano había abandonado a Ángel cuando él tenía apenas unos meses de vida. Además, la Justicia ya le había retirado anteriormente la tenencia de otro de sus hijos, un antecedente que, para las organizaciones que siguen el caso, debía ser central al momento de definir cualquier revinculación.
También se conoció que la casa en la que el niño residía junto a su madre y la pareja de ésta no contaba con condiciones básicas de habitabilidad y que la familia dependía a diario del comedor barrial para poder alimentarse. Estos elementos refuerzan, según la denuncia, la idea de que el retorno de Ángel a ese hogar fue decidido sin contar con un diagnóstico completo.
Alertas previas en el jardín y reclamos por responsabilidades
Otro aspecto que genera preocupación es el cambio de conducta que el chico habría mostrado en el jardín de infantes al que asistía. A partir de su traslado de institución, la maestra a cargo elaboró un informe en el que describió a Ángel como “enojado y angustiado” en los días previos a su mudanza definitiva con su madre. Para las organizaciones que acompañan el caso, ese documento escolar fue una señal de alarma que no se atendió a tiempo.
Con la presentación contra las psicólogas, la Fundación Más Vida busca que la Justicia investigue en detalle cómo se tomaron las decisiones que terminaron con el niño bajo el cuidado de Altamirano y su pareja. El objetivo, señalan, es no sólo determinar responsabilidades individuales, sino revisar protocolos y controles en los procesos de revinculación familiar para evitar que se repitan situaciones similares.
Mientras avanza la causa por el homicidio de Ángel y se esperan nuevos datos de la investigación penal, el foco también se posa ahora sobre el sistema de protección de infancia y los mecanismos de evaluación profesional que deben resguardar, en todos los casos, el interés superior del niño.
