Declaraciones clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
Las declaraciones de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio marcarán este viernes un punto central en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como protagonista al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni. Ambas mujeres fueron citadas a declarar entre las 9 y las 11 ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que analiza el origen de los fondos utilizados para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
De acuerdo con la documentación de la operación, las dos figuran como acreedoras de Adorni, ya que le habrían otorgado un financiamiento directo por un total de 100.000 dólares –85.000 y 15.000, respectivamente– mediante una hipoteca “no bancaria”. Ese esquema permitió concretar la adquisición del inmueble ubicado sobre la avenida Asamblea, en una transacción que coincidió temporalmente con la compra de otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.
La operación inmobiliaria ya había sido objeto de análisis por parte de la escribana interviniente, Adriana Nechevenko, quien avaló las firmas de ambas ventas. En su testimonio ante la Justicia, la profesional aseguró que no existieron préstamos en efectivo externos a la operación y sostuvo que todo se desarrolló dentro de parámetros “normales”, sin detectar irregularidades formales en las escrituras ni en la modalidad de pago acordada.
Según explicó Nechevenko, el acuerdo se estructuró como una compraventa a pagar en cuotas, es decir, un financiamiento directo extendido por los propios vendedores, y no como un crédito tradicional o un préstamo proveniente de terceros. Esta diferencia es clave para la fiscalía, que intenta determinar si el mecanismo fue utilizado únicamente como forma de pago o si encubrió un posible intento de blanquear fondos cuyo origen no habría quedado debidamente justificado.
La línea de investigación del fiscal Pollicita
Pollicita procura establecer si el financiamiento declarado por Adorni se corresponde con operaciones reales y registradas o si pudo haber sido una maniobra para ocultar la verdadera procedencia del dinero. Uno de los puntos bajo la lupa es que el precio de compra del departamento, fijado en 230.000 dólares, estaría por debajo de las referencias de mercado para propiedades similares en esa zona de Caballito, lo que abre interrogantes sobre eventuales beneficios ocultos o sobreprecios encubiertos.
En paralelo, la semana pasada la Justicia tomó declaración vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, quien figura como dueño original del departamento antes de transferirlo a las mujeres que luego concretaron la operación con el actual jefe de Gabinete. Su testimonio busca reconstruir la cadena completa de titularidades, montos pactados y formas de pago, a fin de verificar la consistencia entre lo escriturado, las valuaciones del mercado y los ingresos declarados por las partes involucradas.
- Se investiga si el financiamiento directo fue genuino o una pantalla.
- El valor de 230.000 dólares se compara con precios de mercado en Caballito.
- La fiscalía analiza la trazabilidad de los fondos y la relación entre los intervinientes.
La causa apunta a determinar si existió un incremento patrimonial injustificado y si la estructura de la operación inmobiliaria pudo haber servido para disimular el verdadero origen del dinero utilizado por el funcionario.
Las nuevas declaraciones aportarán elementos determinantes para el avance del expediente. En función de lo que surja de los testimonios y de los peritajes contables e inmobiliarios, la Justicia definirá los próximos pasos: desde el pedido de más medidas de prueba hasta la eventual imputación formal de responsabilidades penales, en una causa que vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio y la transparencia de los altos funcionarios nacionales.
