Alarma por la desigualdad en el acceso a la vestimenta infantil
NewsITe
Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA volvió a exponer la crudeza de la crisis social que atraviesa el país: el 37,5% de los niños y adolescentes argentinos tuvo dificultades para acceder a ropa o calzado por motivos económicos en el último año. La vestimenta se consolida así como una de las caras más visibles de la desigualdad.
De acuerdo con el trabajo, la brecha socioeconómica es contundente. Entre los chicos de los sectores muy bajos, el 58,3% enfrenta problemas para renovar o adquirir prendas básicas, mientras que en los niveles medios-altos el porcentaje desciende al 17,8%. Es decir, la privación en materia de ropa y calzado prácticamente se triplica según el nivel de ingresos del hogar.
Los especialistas advierten que esta carencia material va mucho más allá de la apariencia. El informe señala que la falta de recursos impacta directamente en el aprendizaje educativo, la socialización y la salud mental. Según los datos relevados, el 36,8% de los menores presenta dificultades de aprendizaje, en un sistema educativo que aún arrastra los efectos de la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida.
El estudio también da cuenta de las consecuencias en el plano vincular. El 27,3% de los chicos argentinos tuvo problemas para entablar amistades o integrarse a grupos de pares, un dato que se vincula tanto a la falta de recursos materiales como a situaciones de estigmatización. A esto se suma que el 18,1% atravesó episodios explícitos de malestar emocional, desde ansiedad y tristeza persistente hasta señales de retraimiento.
El rol del Estado y los límites de la asistencia social
El informe de la UCA subraya que las transferencias de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, son herramientas clave para contener la pobreza extrema. De acuerdo con los cálculos del observatorio, estos programas explican más del 90% de la reducción de la pobreza infantil y entre el 97% y el 98% de la contención de la indigencia.
En la primera infancia, entre los 0 y 3 años, el Plan 1.000 Días contribuyó a que ese grupo registre sistemáticamente la menor tasa de pobreza dentro de la serie analizada. Sin embargo, el poder adquisitivo de estas ayudas resulta inestable y vulnerable frente a la inflación. Aunque en 2026 la cobertura de la canasta alimentaria por parte de estos programas se recuperó hasta ubicarse entre el 39% y el 62% —luego de haber tocado pisos de entre 12% y 28% en 2024—, su efecto para sacar a las familias de la pobreza sigue siendo acotado.
El documento advierte que, sin esta red de protección estatal, la indigencia infantil pasaría del 9,5% al 16,4%, mientras que la pobreza se elevaría del 42,5% al 47,8%. Aun con la asistencia vigente, la brecha de ingresos promedio de los hogares pobres respecto de la Canasta Básica Total permanece prácticamente inalterada desde el peor momento de la crisis.
Proyecciones preocupantes para los próximos meses
En este contexto, las proyecciones de UNICEF para el primer semestre de 2026 no son alentadoras. Se estima que la pobreza en las infancias podría trepar al 44,4%, mientras que la indigencia alcanzaría el 10,8%. Estas cifras, advierten los especialistas, consolidan un escenario en el que millones de chicos crecen con derechos vulnerados y oportunidades restringidas.
El informe insiste en que garantizar el acceso a vestimenta adecuada, alimentación, educación y contención emocional debe ser una prioridad de la política pública. Organismos académicos y de la sociedad civil señalan que, sin un esfuerzo sostenido y coordinado entre Estado, sectores privados y organizaciones sociales, la desigualdad que hoy golpea a niños y adolescentes tenderá a perpetuarse en el tiempo.
“La pobreza infantil no es solo un problema de ingresos, sino de derechos básicos que se vulneran de manera sistemática”, resume el ODSA-UCA al presentar sus conclusiones.
Mientras la economía busca recomponer sus indicadores, la realidad cotidiana de los más chicos se convierte en un termómetro implacable de la crisis y en un llamado urgente a revisar la orientación y la intensidad de las políticas sociales en la Argentina.
