Investigación judicial sobre el patrimonio de Francisco Adorni

NewsITe
El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense y hermano del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni. La medida se enmarca en una causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito y posibles maniobras de lavado de dinero.
La decisión del magistrado responde a un pedido del fiscal federal Guillermo Marijuan, quien días atrás imputó formalmente a Francisco Adorni. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias entre el patrimonio declarado por el legislador y la evolución de sus bienes en los últimos años.
Según surge del expediente, uno de los ejes centrales de la pesquisa es un crédito hipotecario de 60 millones de pesos que se habría cancelado en apenas doce meses, una operatoria que los investigadores consideran inusual para los ingresos que Adorni habría declarado. También se analiza la compra del 50% de un vehículo y un incremento patrimonial que habría rondado el 84% en el lapso de un año.
Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, Casanello habilitó el acceso a información sensible de organismos recaudadores y entidades financieras. En particular, se requirió a la actual Agencia de Recaudación de la Administración Central (ARCA, ex AFIP) el envío de la documentación vinculada a las declaraciones juradas del diputado provincial.
Medidas de prueba y alcances de la investigación
El fiscal Marijuan solicitó una batería de unas veinte medidas de prueba destinadas a reconstruir de manera integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad. Entre ellas se incluyen reportes bancarios, movimientos de cuentas, tarjetas de crédito, préstamos, adquisición de bienes registrables y posibles vínculos societarios.
- Informe completo del sistema EFISCO, con declaraciones de Ganancias, Bienes Personales e IVA.
- Detalle de operaciones de crédito e inversiones realizadas en los últimos años.
- Registros de compra y venta de inmuebles y vehículos.
La causa apunta a establecer si existe una justificación lícita para el crecimiento patrimonial del diputado provincial, o si se vulneraron las normas de transparencia que rigen para los funcionarios públicos.
La investigación se encuentra en una etapa preliminar y, por el momento, no hay definiciones sobre eventuales llamados a indagatoria. Sin embargo, las medidas dispuestas por Casanello marcan un paso clave para determinar si la evolución patrimonial de Francisco Adorni se corresponde con sus ingresos declarados o si, por el contrario, pudo haberse configurado un delito contra la administración pública.

