La Cámara Federal de Casación publicó la jurisprudencia completa sobre violencia sexual y de género ocurrida en el contexto de los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
La recopilación contiene “extractos relativos a la violencia vinculada a la capacidad reproductiva de las mujeres embarazadas que sufrieron abortos forzados y partos en cautiverio, como también el uso de niñas y niños para infligir mayores sufrimientos a sus madres privadas de libertad”.
El Tribunal de Superintendencia de la Cámara aprobó el documento que sistematiza la jurisprudencia del máximo tribunal penal federal en esa materia.
En un contexto de reverdecimiento de la discusión sobre la violencia política de los años 70, con incipiente crecimiento del negacionismo, la Casación destacó que “la labor plasmada en el boletín da cuenta de la fundamental función de los juicios en la reconstrucción de la verdad, la memoria y la justicia como cimiento esencial de la democracia que este año cumple 40 años ininterrumpidos de vigencia”.
Además, añade el texto, “hace honor a los compromisos internacionales sobre derechos humanos”.
El trabajo “refleja el criterio unánime del tribunal respecto de la inclusión de la violencia y/o abuso sexual como parte del plan sistemático de ataque contra la población civil que caracteriza a los crímenes de lesa humanidad”.
“Asimismo, aborda los problemas vinculados a la autoría y la participación en estos hechos, como también la autonomía de los delitos contra la integridad sexual respecto de la tortura u otras conductas punibles”, precisó la Casación.
El Tribunal de Superintendencia está integrado por los jueces Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
El compendio fue realizado por la oficina de Jurisprudencia y Biblioteca del máximo tribunal penal, con la colaboración de todas las vocalías de la Cámara.
El volumen aborda también “las dificultades en la interpretación del régimen de la acción de los delitos contra la integridad sexual y las condiciones que habilitan la persecución penal de las acciones dependientes de instancia privada”.