Casación ratifica el procesamiento al gendarme por el disparo a Pablo Grillo
NewsITe
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Jesús Guerrero por las gravísimas lesiones sufridas por el fotoperiodista Pablo Grillo durante una manifestación realizada en marzo de 2025 frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires. El tribunal desestimó una queja presentada por la defensa y ratificó la imputación por abuso de su función y uso agravado de armas.
La decisión fue adoptada por la Sala II de Casación, integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Ángela E. Ledesma, quienes consideraron inadmisible el planteo de la defensa de Guerrero. Los magistrados sostuvieron que en el expediente existe una “doble conformidad judicial”, es decir, que instancias anteriores ya habían confirmado el procesamiento, y remarcaron que no se acreditó la existencia de una cuestión federal que habilitara una revisión extraordinaria.
Guerrero está procesado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el abuso de su función, en concurso real con abuso de armas agravado, figura que se le imputa de manera reiterada en cinco oportunidades. La causa se enmarca en la actuación de fuerzas federales durante una protesta en defensa de los jubilados, realizada en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Cómo fue el hecho que dejó al fotoperiodista al borde de la muerte
El episodio ocurrió el 12 de marzo de 2025, en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Solís, donde se concentraban manifestantes y trabajaban distintos medios de comunicación. De acuerdo con la reconstrucción judicial, Guerrero se ubicaba junto a un camión hidrante de la Policía Federal cuando efectuó múltiples disparos con una pistola lanzagases marca Federal y Halcón.
A las 17:18:05, uno de los proyectiles impactó de lleno en la cabeza de Pablo Grillo, quien se encontraba a unos 50 metros del gendarme, en cuclillas y registrando imágenes de la protesta. El disparo, lejos de seguir la trayectoria parabólica hacia arriba prevista por los protocolos de seguridad, habría sido realizado casi en línea recta, con una inclinación de apenas 1,5 grados, según concluyeron las pericias balísticas.
Las pruebas reunidas en el expediente incluyen peritajes y análisis de videos aportados por medios de comunicación y organismos especializados como el “Mapa de la Policía”. Ese material audiovisual fue clave para determinar la forma del disparo y la distancia a la que se encontraba la víctima, reforzando la hipótesis de un uso irregular del armamento por parte del efectivo de Gendarmería Nacional.
Consecuencias médicas y avance de la causa judicial
El impacto del proyectil en la cabeza de Grillo le provocó una fractura expuesta de cráneo y severos hematomas cerebrales, lesiones que lo dejaron al borde de la muerte. El fotoperiodista tuvo que ser sometido a múltiples cirugías, entre ellas una craneoplastía bilateral, y atravesó un extenso proceso de internación y rehabilitación para recuperar funciones básicas.
A comienzos de este año, Grillo recibió el alta médica y pudo regresar a su vivienda en Lanús, aunque aún padece importantes secuelas neurológicas y motoras. Su tratamiento requiere controles permanentes, terapias de rehabilitación y un acompañamiento interdisciplinario para afrontar las limitaciones físicas y cognitivas derivadas del disparo.
En paralelo a su recuperación, el fotoperiodista decidió presentarse formalmente como querellante en el expediente, en carácter de víctima directa de los delitos que se investigan. En el escrito incorporado a la causa, señaló como responsables no solo al Cabo Primero Héctor Jesús Guerrero, sino también a otros integrantes de Gendarmería Nacional y a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación que habrían intervenido en el operativo.
La confirmación del procesamiento por parte de Casación consolida la acusación contra Guerrero y mantiene abierta la posibilidad de que el caso avance hacia un juicio oral, en el que se analice en detalle la actuación de las fuerzas federales durante la protesta frente al Congreso.
La causa se inscribe en un contexto más amplio de debates sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas y la responsabilidad del Estado en la protección de periodistas y trabajadores de prensa. Organismos de derechos humanos y entidades vinculadas a la libertad de expresión siguen de cerca el expediente, a la espera de que se sienten precedentes judiciales sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en este tipo de operativos.
