Caputo reclama un ajuste extra en plena caída de la recaudación
NewsITe
El ministro de Economía, Luis Caputo, habría solicitado a todos los ministerios del Gobierno nacional que recorten en un 20% sus presupuestos destinados a gastos burocráticos. La instrucción, que por el momento se conoció de manera extraoficial, apunta a profundizar el programa de ajuste fiscal que impulsa la administración de Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada.
De confirmarse, el pedido alcanzaría a todas las carteras del Ejecutivo, incluso cuando las partidas para el actual ejercicio ya se encuentran asignadas. La decisión se enmarca en un contexto de caída real de la recaudación y en la necesidad del equipo económico de sostener el llamado “ancla fiscal” para cumplir con las metas de superávit financiero previstas en el programa económico y proyectadas en el Presupuesto 2026.
El recorte se concentraría en lo que el Palacio de Hacienda describe como “gastos burocráticos”, un rótulo que incluye erogaciones de funcionamiento de la administración pública nacional. Sin embargo, desde sectores sindicales y organizaciones sociales advierten que, detrás de esa definición general, podrían verse afectados programas y servicios esenciales para la población.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue una de las primeras en expresar preocupación pública. Dirigentes del gremio vienen alertando que los sucesivos ajustes aplicados sobre el Estado nacional impactan de manera directa en las condiciones laborales de los empleados públicos y en la capacidad operativa de áreas sensibles como salud, educación, seguridad y políticas sociales.
Impacto en áreas sensibles y reacciones sindicales
Según fuentes gremiales, la combinación de congelamiento de vacantes, reducción de contratos y recorte de partidas de funcionamiento ya está generando dificultades en hospitales públicos, escuelas dependientes de la Nación y organismos de seguridad federales. ATE y otras organizaciones no descartan impulsar medidas de fuerza si el nuevo ajuste se formaliza y se traduce en una merma concreta de servicios o en nuevos despidos.
En paralelo, economistas consultados señalan que el Gobierno busca demostrar al mercado y a los organismos internacionales su determinación para alcanzar y sostener el superávit financiero, aun en un contexto recesivo. No obstante, advierten que una compresión excesiva del gasto operativo puede deteriorar la calidad de las prestaciones estatales y profundizar tensiones sociales.
- El recorte solicitado sería del 20% sobre gastos burocráticos de todos los ministerios.
- La medida se conoce en un escenario de caída de la recaudación y fuerte ajuste fiscal.
- Sindicatos como ATE alertan por el impacto sobre trabajadores y servicios esenciales.
- El Gobierno busca sostener el superávit financiero proyectado hasta 2026.
Desde sectores sindicales insisten en que “no hay gasto burocrático sin trabajadores detrás” y advierten que el ajuste podría traducirse en pérdida de puestos de trabajo y deterioro de servicios públicos estratégicos.
Por ahora, el pedido de Caputo no fue oficializado mediante una norma publicada en el Boletín Oficial, pero su sola circulación ya abrió un nuevo frente de debate sobre los límites del ajuste y el rol del Estado en la provisión de políticas públicas. En las próximas semanas se definirá si la instrucción se convierte en una decisión formal y cómo repercute en la gestión cotidiana de cada ministerio.
