El Gobierno nacional creó un régimen para saldar compromisos con contratistas mediante títulos públicos. Alcanzará a proyectos con deudas generadas entre 2022 y 2025 y fija un cupo máximo de $211,1 mil millones.
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen para cancelar las deudas pendientes con empresas contratistas de obras públicas que quedaron paralizadas tras el cambio de gestión en diciembre de 2023. La medida, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé el pago mediante bonos y letras del Tesoro, en lugar de efectivo.
La iniciativa quedó oficializada a través de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial y crea el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, que entrará en vigencia este viernes. De acuerdo con la normativa, los contratistas interesados tendrán un plazo de diez días hábiles para adherirse.
Según informó el medio InfoCielo, el objetivo del Gobierno es dar por finalizada la situación de miles de proyectos de infraestructura que quedaron inconclusos cuando asumió la administración de Javier Milei. Muchas de esas obras fueron abandonadas por las empresas constructoras, aunque todavía existen pagos pendientes por parte del Estado nacional.
El régimen contempla la cancelación de las acreencias mediante tres instrumentos de deuda pública. Los contratistas podrán recibir Letras Capitalizables (LECAP) con vencimiento en octubre de este año y una tasa del 2,55%, Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimiento en enero de 2027 y una tasa del 2,5%, o BONCAP con vencimiento en abril de 2027 y una tasa del 2,55%.
Como condición para acceder al beneficio, las empresas deberán desistir de todos los reclamos administrativos y judiciales vinculados con los incumplimientos contractuales.
Alcance del régimen y límite de fondos
La resolución establece que podrán incorporarse las deudas generadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, con un cupo máximo de $211,1 mil millones destinado a la cancelación de esas obligaciones.
El texto oficial no precisa cuántos proyectos podrán ingresar al programa. Sin embargo, según datos difundidos por InfoCielo, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, aseguró que solo en territorio bonaerense quedaron alrededor de mil obras pendientes, mientras que a nivel nacional la cifra rondaría las dos mil.
En ese universo también existen proyectos que fueron transferidos a las provincias y otros que lograron reanudarse durante los últimos años.
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno sostuvo que resulta necesario implementar “un régimen ágil y simplificado” para cancelar las deudas acumuladas. Al mismo tiempo, justificó la medida al señalar la “indisponibilidad de créditos presupuestarios”, por lo que optó por ofrecer títulos públicos como mecanismo de pago a las empresas acreedoras.
