La empresaria rosarina Verónica Razzini fue amenazada y tuvo que mudarse para evitar agresiones, pero logró que un juez detuviera e imputara a activistas que impedían el acceso a su planta en Rosario. Le exigían que 18 de los 100 empleados se afiliaran a Camioneros, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas.
De la redacción de EL NORTE
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La crónica la escribió Ricardo Carpena para Infobae.com cuenta que a la empresaria rosarina Verónica Razzini la amenazaban todos los días. La escupían y la insultaban. La intimidaron con armas de fuego. Le dijeron que iban a ir a la casa de su padre, con problemas de salud, para provocarle un infarto. Tuvo que dejar su casa y mudarse para evitar agresiones. Le advirtieron que sabían dónde estaban sus hijos. Pagó la custodia de efectivos de Infantería para resguardar al personal. El “delito” que cometió Verónica Razzini, de 41 años, fue luchar para que su empresa familiar de Rosario no siguiera bloqueada por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que exigía el encuadramiento de empleados afiliados a otros gremios.
Pese a todo, ella y sus dos hermanos no cedieron. Después de todo, había que defender la empresa de distribución de materiales de construcción que había sido fundada por su abuelo en la ciudad de Rosario hace 60 años, que continuó su padre y que, cuando él se enfermó, tuvieron que conducir a partir de 2007. La nueva generación de los Razzini logró profesionalizar la compañía, la hizo crecer y cumplió el sueño de tener una planta recicladora modelo en Latinoamérica hasta que el 8 de junio de 2020, sorpresivamente, el sindicato liderado por Sergio Aladio (un opositor a los Moyano) bloqueó dos de sus sedes.
Recién cuando estuvo instalada la fuerza de choque sindical para impedir la entrada y salida de cualquier vehículo, los dueños de Razzini pudieron enterarse de los motivos de la protesta: exigían que 18 de los 100 empleados se afiliaran a Camioneros, aunque la actividad de la empresa no tenía nada que ver con el transporte de cargas y el encuadramiento, según la normativa del Ministerio de Trabajo, correspondía al Sindicato de Comercio y la UOCRA.
En primera persona
“Nos amenazaban con armas. Una vez frenaron mi auto en una esquina y me mostraron armas. De muchísimas de las amenazas pudimos hacer constataciones notariales porque hubo situaciones violentas. Fueron tres meses y finalmente nosotros pudimos salir adelante pero hay gente que no puede porque estas batallas tienen un costo económico y también un costo anímico terrible. Nosotros quedamos todos muy mal, shockeados, tanto los directores de la empresa como todos los empleados, muchos con tratamientos psicológicos. Imagínese que veníamos a trabajar y nos bloqueaban, nos insultaban, no podíamos hacer nuestro trabajo, afrontábamos los reclamos de los clientes… Y todo empezó sin aviso, cuando un día cortaron la avenida donde está la empresa, trajeron 150 personas y se quedaron ahí. Parecía que tenían el apoyo de la Guardia Urbana (una fuerza civil de seguridad que depende de la Municipalidad). En plena pandemia, mientras la gente no podía salir de sus casas, ellos estaban instalados en nuestros accesos, acampando, y no nos dejaban trabajar”, contó Razzini.
¿Y las autoridades?
“El Ministerio de Trabajo provincial funcionó como una escribanía del sindicato. Primero se declaró incompetente, archivó el reclamo y recomendó que se hiciera la correspondiente denuncia penal. Fue lo que hicimos el 12 de junio ante la Fiscalía. Luego quisieron mandarnos a una conciliación obligatoria cuando nosotros ya habíamos presentado las denuncias penales y mientras crecían el bloqueo y las amenazas. “¿Cómo voy a conciliar con 20 personas que me están amenazando y van a prender fuego la empresa?”, les dije. Me contestaron: “Tenés 30 minutos para firmar la conciliación. Firmalo por las buenas o por las malas porque esto va a salir igual”. Les dije que no podíamos firmarlo porque era una locura. Nos tuvieron cinco horas ahí adentro. El conflicto siguió, llamamos al fiscal de flagrancia y en el bloqueo se llevaron a todos presos. Esa la primera vez que se llevaron presos a 10 empleados y tres delegados por bloquear. La orden del fiscal era detener a 21, pero se llevaron solamente a 13 porque negociaron con la comisaría”, explicó la empresaria.
Para Razzini “todos tienen negociaciones en el medio. Pienso que están negociando otras cosas y que entonces preferían hacer silencio y no emitir ni un comunicado. Hubo un grupo de concejales que trató de votar una declaración de repudio hacia la situación que vivíamos, pero otros concejales votaron en contra porque decían que habían existido despidos”.
A partir de toda esta situación surge la idea de crear el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos. Armamos un grupo de whatsapp y se fue incorporando gente. Estamos en Twitter (@MEABArgentina) y tenemos una dirección de mail ([email protected]). Ya hay 18 empresarios de todo el país, del conurbano bonaerense, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Fe. La idea es ir generando una red de todas las empresas que son víctimas de bloqueos sindicales extorsivos para que nos ayudemos con información y vayamos guiando y dando una mano sobre cómo hay que actuar para no dejar que esto continúe. Porque hay que ponerle un freno a esta locura”.
