La defensa de los seis empleados involucrados en el proceso, junto a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, reiteró ante el Tribunal de Casación Provincial el recurso contra la elevación a juicio por turbación de la posesión y extorsión. Reclaman desdoblamiento de la causa, nulidad y el sobreseimiento en consecuencia
De la redacción de EL NORTE
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El abogado defensor de los seis empleados de la firma Rey Distribución acudió en queja ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores, afiliados al Sindicato de Camioneros, están involucrados en la causa seguida a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por turbación de la posesión y extorsión en perjuicio de la empresa sampedrina Rey Distribución. La jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui hizo lugar al pedido de enjuiciamiento solicitado por la fiscal María del Valle Viviani, decisión que fue apelada por las defensas de los imputados y confirmada por la Cámara de Casación nicoleña. En consecuencia el abogado Gabriel Ruiz, patrocinante de Edgardo Di Mayo, Carlos y Enzo Ojeda, Matías Agustín y Lucas José Torres y de Maximiliano Daniel Pérez, presentó un recurso de queja ante el tribunal superior.
En el extenso escrito el letrado pidió que se dicte la nulidad del otorgamiento de elevación a juicio considerando, además, que quienes decidieron debían haberse excusado porque ya habían fallado con anterioridad en la causa, que como consecuencia de esa nulidad se dicte el sobreseimiento de los seis empleados y que por tratarse de un tema que pone en crisis derechos constitucionales, como es el derecho a la huelga y el principio de igualdad ante la ley, en el supuesto de rechazo se tenga por planteado el caso federal que les permita llevarlo a la Corte. De manera subsidiaria, si no se hacer lugar a lo solicitado, pidió que se ordenara separar las causas de los trabajadores de las que se siguen a los dirigentes gremiales Cabaleyro y Espíndola, debido a que a los mismos se les adicionaron otras imputaciones más graves que podrían exceder a la cuestión del derecho a reclamar.
Fundamentos
Entre los fundamentos de la defensa de los trabajadores se encuentran los pedidos de recusación respecto de la jueza de garantías y de la fiscal a cargo que le fue denegado. Sostiene, además, la similitud de este caso con el de un precedente reciente que justamente marca que el tema en cuestión es de otro fuero que no es el penal, y que las acciones llevadas adelante obedecen al derecho de huelga que tienen los trabajadores si su gremio así lo dispone. Solicitando al Tribunal que corran la misma suerte que la del citado precedente en el que no se elevó la causa a juicio y que se dicte el sobreseimiento de los imputados. Indicó que los jueces deben considerar que en todo momento la medida de fuerza y la conducta de los trabajadores respondieron a los lineamientos que exige la OIT en la materia y que los empleados respondieron al planteo de medida de fuerza propuesto por el gremio, que es el titular del derecho de huelga. Señala, asimismo, que los trabajadores se encuentran fuera de los jueces naturales y competentes para resolver la cuestión.
Fue más allá el abogado Ruiz cuando remarcó en el escrito que se hizo “uso político” de la denuncia, con fines partidarios y electorales asegurando que uno de los propietarios de la firma, candidato a intendente de San Pedro por un partido político, “hace campaña hablando de haber enfrentado a las mafias, ensuciando de esta manera el legítimo derecho de los trabajadores”.
El recurso de queja ingresó en el tribunal superior el 3 de julio pasado contra el auto de elevación a juicio de los seis empleados, acusados por turbación de la propiedad y coacción en grado de tentativa.
