Una encuesta de la UADE reveló que tres de cada cuatro productores y profesionales agropecuarios consideran que los caminos rurales no son transitables durante todo el año. El deterioro provoca pérdidas económicas, demora el retiro de la producción y eleva los costos logísticos.
El 79% de los productores y profesionales agropecuarios consultados en una encuesta de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) consideró que los caminos rurales se encuentran en “malas” o “muy malas” condiciones. Además, el 75% sostuvo que estas vías no son transitables durante todo el año, una dificultad que afecta directamente el traslado de la producción y genera pérdidas económicas.
El estudio analizó la situación en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado, con la colaboración de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid), el Movimiento CREA y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Los resultados reflejaron que los problemas de infraestructura se suman a las retenciones y la presión impositiva entre las dificultades que enfrenta el sector agropecuario.
El 68% de los encuestados aseguró haber sufrido “pérdidas económicas reales” por las demoras o la imposibilidad de retirar la producción de los campos. A su vez, el 59% estimó que el deterioro de los caminos incrementa los costos logísticos en más de un 10%.
El informe señaló que esta situación genera “mayores costos de flete, mantenimiento y desgaste: el deterioro vial reduce la vida útil de los neumáticos y aumenta el consumo de combustible en un 20-30% en caminos de tierra en mal estado”. Estas dificultades repercuten sobre el transporte de mercaderías y encarecen las tareas vinculadas con la actividad agropecuaria.
Pozos y falta de señalización en los caminos rurales
El 68% de los participantes denunció la presencia masiva de pozos en las calzadas de tierra. Además, el 82% identificó deformaciones en los caminos: el 27% indicó que aparecen con bastante frecuencia y el 55% afirmó que las encuentra cada tanto.
Otro 82% de los productores relevados advirtió que la señalización vial es inexistente o se encuentra deteriorada. Según el estudio, esto evidencia “una ausencia en el mantenimiento o actualización para la seguridad vial”.
El informe detalló que Argentina cuenta con 500.000 kilómetros de caminos rurales, que representan el 82% de toda la red vial del país. Aunque cumplen una función que excede el transporte de bienes agropecuarios y tienen “relevancia estratégica” para la producción, su mantenimiento y desarrollo “ha sido históricamente relegada en las políticas públicas”.
La investigación también advirtió que el deterioro de estas vías afecta actividades cotidianas vinculadas con el trabajo, la educación, la salud y la conectividad rural. Por lo tanto, las dificultades de circulación no se limitan al traslado de la producción desde los establecimientos agropecuarios.
Productores y municipios ante el desafío del mantenimiento
El 70% de los encuestados consideró importante que los municipios y los productores coordinen acciones para mejorar los caminos rurales. Por su parte, el 45% señaló como prioridad la estabilización del suelo con cemento o tosca.
El mantenimiento de estas vías corresponde a los municipios o las provincias, según cada caso, y se financia mediante tasas o tributos. El estudio indicó que los casos exitosos surgen del trabajo conjunto entre el sector público y el privado, por lo que “la participación de los productores resulta indispensable para cualquier proceso de mejora de la red vial terciaria”.
“El análisis realizado permite concluir que el deterioro de los caminos rurales no representa meramente un inconveniente logístico, sino una transferencia de costos directa que erosiona la competitividad del productor y del país”, remarcó el trabajo. También señaló que “la falta de inversión sostenida, la ausencia de planificación de largo plazo y el deterioro progresivo de la infraestructura limitan su capacidad para responder a las necesidades productivas y sociales actuales”.
La encuesta concluyó que siete de cada diez productores están dispuestos a colaborar con los gobiernos municipales y provinciales para mejorar los caminos rurales. La propuesta apunta a impulsar iniciativas de gestión público-privada que permitan optimizar la asignación de recursos y fortalecer el mantenimiento de la red vial.
