CAME tilda de regresiva la reforma tributaria pedida por el FMI
NewsITe
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) salió al cruce de la reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclama al Gobierno de Javier Milei y la calificó como un paquete de medidas “regresivas” que castigan a los asalariados, el consumo interno y a las pequeñas y medianas empresas. La entidad pidió en cambio la convocatoria urgente a un “Nuevo Consenso Fiscal” que ponga el foco en los impuestos provinciales y municipales.
Según el análisis de CAME, las iniciativas que se discuten en el marco del acuerdo con el organismo multilateral —entre ellas la ampliación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la extensión del IVA a bienes hoy exentos y la suba de las escalas del Monotributo— cargan el peso del ajuste sobre los sectores de menores ingresos y encarecen la formalidad, sin avanzar sobre los tributos considerados más distorsivos para la producción y el empleo.
La entidad remarcó que el FMI omite en su diagnóstico el impacto de la presión fiscal subnacional. En particular, apuntó contra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y un conjunto de tasas municipales que, de acuerdo con sus estimaciones, representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, sin tener en cuenta si esa firma obtiene ganancia o atraviesa períodos de baja rentabilidad.
CAME describió al IIBB como un “impuesto en cascada” que se va acumulando en cada eslabón de la cadena productiva. En este contexto, los regímenes de retención y percepción aplicados por las provincias generan saldos a favor crecientes que, en teoría, deberían compensarse con obligaciones futuras o devolverse al contribuyente. Sin embargo, la organización sostiene que, en la práctica, esas devoluciones se dilatan y la compensación resulta insuficiente.
De acuerdo con el comunicado difundido por la entidad gremial-empresaria, los saldos a favor suelen demorarse entre 12 y 36 meses en ser reintegrados. Por efecto de la inflación, ese plazo erosiona entre el 60% y el 80% del valor real del crédito fiscal, transformando el mecanismo en un “préstamo forzoso sin remuneración” al fisco provincial y municipal. Para CAME, esto implica una pérdida directa de capital de trabajo para las pymes y un beneficio financiero encubierto para el Estado que no aparece en las estadísticas oficiales de presión tributaria.
Un nuevo consenso fiscal y los ejes de la propuesta de CAME
Frente a este escenario, la entidad instó al Gobierno nacional, las provincias y los municipios a abrir una mesa de diálogo que derive en un Nuevo Consenso Fiscal. El objetivo no sería solo revisar alícuotas, sino fijar reglas de juego estables que armonicen bases imponibles, regímenes de recaudación anticipada y plazos de devolución en todo el país, a fin de dar previsibilidad a la inversión y al empleo formal.
CAME subrayó que el foco debe ubicarse en la presión impositiva subnacional, a la que considera el principal obstáculo para el desarrollo de la producción y la creación de puestos de trabajo. En ese marco, propuso eliminar el IIBB en las etapas intermedias de la cadena y gravar únicamente la venta final al consumidor, emulando el esquema del IVA, para reducir el efecto cascada en precios y costos.
- Racionalización de Ingresos Brutos: aplicar el impuesto solo en la venta final al consumidor y no en cada etapa intermedia.
- Topes a retenciones y percepciones: fijar una alícuota máxima de retención basada en la tasa efectiva por actividad, que no supere el 1%.
- Protección del saldo a favor: indexación automática por CER desde el día 31 de generado el crédito fiscal.
- Armonización normativa: criterios permanentes y unificados para bases imponibles y mecanismos de devolución en todo el territorio nacional.
- Plazos de devolución acotados: reintegro de saldos en un máximo de 90 días corridos, con intereses resarcitorios automáticos.
- Control reforzado: otorgar a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral un rol fiscalizador para asegurar el cumplimiento de plazos y criterios de distribución.
- Transparencia estadística: publicación trimestral obligatoria del stock de saldos acumulados por jurisdicción.
- Tasas municipales bajo la lupa: frenar la proliferación de tasas “opacas” que no tienen correlato verificable con servicios concretos brindados por más de 2.300 municipios.
“El Estado captura un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo de las empresas, sin que ello figure en ningún indicador oficial de presión tributaria”, advirtió CAME al reclamar una reforma estructural del esquema impositivo subnacional.
Con este documento, la entidad empresaria busca influir en la discusión de la política fiscal en medio de la negociación con el FMI. Su planteo pretende reorientar el debate desde el ajuste sobre salarios y consumo hacia un rediseño de los impuestos provinciales y municipales, que —según sostiene— hoy constituyen uno de los principales frenos para la competitividad de las pymes argentinas.
