Dos nuevos detenidos reavivan la megacausa
NewsITe
La investigación sobre las maniobras ilícitas en el complejo ferial de La Salada volvió a ganar intensidad con la detención de dos nuevos sospechosos, señalados como parte de un esquema de estafas y presuntas influencias espurias sobre la justicia. Se trata de Walter Aníbal Godoy, ex secretario general del sindicato de feriantes SUTFRA, y de su supuesto cómplice, Jonatan Rojas, quienes quedaron imputados por defraudar a puesteros por sumas que superarían los 40 millones de pesos.
La causa, que se tramita en la Justicia Federal y es seguida con atención por organismos de Estados Unidos por su relevancia en materia de crimen organizado y lavado, está en manos del fiscal Sergio Mola y del juez Luis Armella. De acuerdo con fuentes judiciales, ambos detenidos se presentaban ante los feriantes como gestores con llegada directa al juzgado y a la fiscalía, ofreciendo destrabar medidas judiciales que les impedían trabajar y acceder a sus puestos de venta.
Promesas de favores judiciales y antecedentes penales
Según la investigación, Godoy y Rojas exigían importantes sumas de dinero a cambio de garantizar, supuestamente, la firma de resoluciones favorables por parte de funcionarios judiciales. Los testimonios señalan que pedían primero 25 mil dólares para obtener un permiso definitivo que les permitiera seguir vendiendo en el playón de la cooperativa Ocean, en el sector conocido como “los canastos”.
Los feriantes declararon que el dinero fue entregado en el domicilio de Rojas, ubicado en la localidad de Longchamps, un lugar que luego fue reconocido formalmente a pedido de la fiscalía. Ese dato complica aún más la situación procesal de los imputados. Con el correr de las semanas, y sin que hubiera respuesta concreta ni cambio en la situación de los puestos, el grupo de supuestos gestores habría vuelto a reclamar más plata, apuntando principalmente a vendedores, en su mayoría inmigrantes bolivianos.
Feriantes entre la estafa y la pelea por el derecho a trabajar
El trasfondo del caso refleja además una disputa de larga data por el derecho al trabajo y el reconocimiento de años de aportes. Muchos de los feriantes afectados sostienen que pagaron alquileres durante dos décadas o más por puestos en el playón de Ocean, montos que incluso duplicarían o triplicarían el valor comercial de un espacio formal. Pese a ello, no figuran en registros oficiales y reclaman ser equiparados con los cooperativistas reconocidos.
En medio de la clausura del predio en mayo pasado y la posterior intervención judicial en junio, las autoridades de la cooperativa decidieron cerrar los puestos informales para evitar conflictos con la interventora Leticia Torres. Esa decisión dejó a decenas de familias sin una fuente de ingresos estable y abrió la puerta a intermediarios que ofrecían supuestas soluciones rápidas a cambio de dinero.
La denuncia penal y las amenazas
Cansados de esperar las promesas incumplidas, un grupo de feriantes decidió contratar a un abogado penalista, quien impulsó una denuncia por estafa que recayó en la Fiscalía N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Mola. A partir de allí, la causa sumó nuevos elementos: según consta en la investigación, Godoy y Rojas habrían amenazado con armas de fuego a los denunciantes para forzarlos a retirar la acusación.
Godoy tiene antecedentes por homicidio y cumplió una condena entre 2002 y 2017. Rojas, en tanto, registra una pena de trece años en suspenso por secuestros extorsivos, cuya apelación fue rechazada por la Cámara de Casación y ahora está a estudio de la Corte Suprema. Mientras avanza la megacausa y se evalúan nuevas responsabilidades penales, los feriantes insisten en que el eje del conflicto sigue siendo el reconocimiento de su derecho histórico a trabajar en La Salada y a no quedar a merced de intermediarios y estafadores.
