CABA fija nuevas reglas para el cierre de escuelas privadas
NewsITe
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una nueva reglamentación para ordenar el cierre de colegios privados en el distrito y evitar que familias y docentes se enteren de manera sorpresiva que una institución no continuará funcionando. La normativa, publicada en el Boletín Oficial porteño, llega tras una serie de cierres intempestivos que dejaron a cientos de estudiantes sin vacante asegurada para el ciclo siguiente.
De acuerdo con la resolución, toda decisión de cancelar la actividad de un colegio o de cerrar grados deberá contar con una evaluación previa y el aval de la Dirección General de Educación de Gestión Privada. El objetivo oficial es garantizar que cada alumno matriculado tenga una vacante en otra escuela y que el proceso se desarrolle de forma ordenada, con tiempos claros y canales de comunicación abiertos con las familias.
La cartera educativa, a cargo de Mercedes Miguel, enmarca esta medida en un contexto de fuerte tensión para el sistema privado: baja de la matrícula, crisis económica, elevada morosidad en el pago de las cuotas y secuelas de la pospandemia. Un informe del propio gobierno porteño señala que, para 2025, el número de ingresantes a primer grado cayó un 25% frente a 2020 y proyecta que, para 2028, la merma se extenderá a todo el nivel primario.
Obligaciones para los colegios que enfrenten riesgo de cierre
A partir de ahora, las instituciones que detecten riesgo de continuidad deberán informar su situación a la Dirección General de Educación de Gestión Privada mediante un reporte formal, con el fin de recibir acompañamiento y asesoramiento. Si resuelven avanzar con el cierre total o parcial, tendrán que presentar una solicitud de cancelación institucional con la antelación suficiente para planificar el proceso.
Fuentes del Ministerio detallaron que los colegios deberán notificar la decisión con al menos cinco meses de anticipación y presentar el trámite de cancelación, como fecha tope, el 31 de julio del año lectivo anterior al cierre. En la documentación se exigirá un cronograma detallado de cada etapa, lineamientos para una comunicación clara con docentes, estudiantes y familias, y estrategias para que los alumnos puedan finalizar el año escolar y continuar sus estudios en otro establecimiento.
La normativa también obliga a las autoridades a elaborar una declaración jurada que garantice el resguardo y la entrega oportuna de toda la documentación oficial, como certificados, boletines y legajos. Además, los colegios deberán habilitar canales accesibles de consulta y asegurar reuniones informativas con las familias y el personal docente y no docente.
Crisis de matrícula y cierres en el sistema privado
La reglamentación se conoce poco después del cierre del Instituto Formar Futuro, una institución que contaba con unas 300 familias y 75 trabajadores entre docentes y no docentes. El caso generó fuerte malestar luego de que trascendiera que los representantes legales habían bloqueado sus teléfonos tras comunicar que no abonarían los sueldos correspondientes a diciembre.
La situación del sector privado se inscribe en una tendencia más amplia. Según datos relevados por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), durante el año pasado cerraron al menos 15 establecimientos privados en distintas provincias. Entre 2021 y 2024, el sistema educativo argentino experimentó una disminución acumulada de la matrícula total del 2,57%, mientras que las proyecciones de organizaciones especializadas vaticinan un descenso más marcado hacia fin de década.
- Desde 2014, los nacimientos cayeron cerca de un 53% a nivel nacional.
- Para 2030, la matrícula de primaria podría reducirse un 27%, es decir, 1,2 millones de alumnos menos.
- El aumento de costos operativos y laborales supera, en muchos casos, los incrementos autorizados en las cuotas.
“Sostener la educación privada resulta cada vez más complejo. Los costos operativos y laborales han aumentado de manera considerable y, en muchos casos, los incrementos de los aranceles no han sido suficientes para absorber ese impacto”, advirtió Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
Con este nuevo marco regulatorio, el gobierno porteño busca prevenir cierres repentinos y ofrecer mayor previsibilidad a las familias, sin desconocer que la combinación de crisis económica, caída de la natalidad y cambios demográficos seguirá presionando sobre la sustentabilidad de muchas escuelas privadas en los próximos años.
