La Legislatura porteña avanza con un freno al hostigamiento de deudores
NewsITe
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una nueva ley que regula la actividad de las agencias de cobro extrajudicial, en respuesta al creciente número de reclamos por deudas impagables y prácticas abusivas. La iniciativa, impulsada por el espacio Fuerza Por Buenos Aires, encabezado por Leandro Santoro, busca poner límites claros al hostigamiento de deudores por parte de estudios de cobranzas, bancos y financieras.
El proyecto obtuvo el respaldo unánime del cuerpo, aunque no estuvo exento de tensiones políticas. En su presentación original no había contado con el apoyo de La Libertad Avanza. Sin embargo, tras sucesivas negociaciones y la incorporación de cambios surgidos de una audiencia pública, el oficialismo terminó acompañando la norma en la votación general, aunque mantuvo diferencias en algunos artículos puntuales.
Rodrigo Cilenti, director de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios, explicó que el objetivo central de la ley es dotar al Estado porteño de herramientas concretas para regular una actividad que, en los últimos años, quedó en el centro de las críticas por métodos de presión desmedidos. “Buscamos que haya reglas claras y que el deudor deje de ser rehén de prácticas abusivas”, señalaron desde el ámbito legislativo.
Qué establece la nueva regulación sobre las cobranzas
Entre los puntos centrales de la normativa se destacan nuevas exigencias para el funcionamiento de las agencias y límites estrictos al contacto con los deudores. La ley introduce requisitos de habilitación, responsabilidades profesionales y sanciones más severas cuando se trate de población vulnerable, como jubilados, pensionados o personas con discapacidad.
- Habilitación obligatoria: toda agencia de cobranza que opere en la Ciudad deberá estar autorizada por el Gobierno porteño. Bancos, financieras y comercios no podrán vender carteras de deuda a firmas no habilitadas, y ante irregularidades podrá impedírseles seguir trabajando.
- Responsabilidad profesional: cada agencia o sector de cobranzas interno de bancos o empresas deberá contar con un abogado matriculado a cargo. En caso de abusos o amenazas, podrá ser denunciado ante el Colegio de la Abogacía, con riesgo de perder su matrícula.
- Límites al contacto: no se podrá contactar al deudor más de una vez por día ni más de dos veces por semana. Si la persona ya atendió el llamado, no podrá ser nuevamente contactada durante esa jornada.
- Transparencia en el uso de bots: cuando se utilicen contestadores automáticos o sistemas de inteligencia artificial, deberá informarse de inmediato a la persona y ofrecer siempre la posibilidad de hablar con un operador humano.
- Prohibición de amenazas: queda vedado advertir falsamente sobre prisión, inventar embargos sin orden judicial o asustar con la pérdida de jubilaciones o planes sociales.
- Protección de sectores vulnerables: el acoso a jubilados, pensionados o personas con discapacidad será sancionado con multas más duras.
La Libertad Avanza acompañó la ley en general, pero votó en contra de los artículos vinculados a las habilitaciones, a la responsabilidad de los abogados matriculados y a las pautas para la refinanciación de deudas.
Con esta normativa, la Ciudad de Buenos Aires se alinea con reclamos históricos de asociaciones de defensa del consumidor, que venían advirtiendo sobre el impacto emocional y económico de las prácticas agresivas de cobranza. Ahora, el desafío estará en la efectiva fiscalización por parte del Estado y en que los deudores conozcan sus derechos para denunciar irregularidades.
