La Ciudad refuerza las sanciones a quienes no cumplen la cuota alimentaria

NewsITe
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso para endurecer las sanciones contra quienes no cumplen con la cuota alimentaria de sus hijos. A partir de la puesta en marcha de una reciente ley aprobada por la Legislatura porteña, los deudores inscriptos en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM) no podrán apostar ni operar en plataformas de juego en línea habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).
La normativa establece que las personas denunciadas en el RPAM tienen prohibido abrir nuevas cuentas en sitios de juego, mantener cuentas activas o realizar depósitos, apuestas y retiros en cualquiera de las modalidades habilitadas por LOTBA. El alcance incluye tanto juegos de azar como de destreza, así como otras variantes digitales que administra el organismo.
Según se informó, la medida busca reforzar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito porteño, evitando que adultos que adeudan alimentos destinen recursos al juego en lugar de cumplir con sus obligaciones básicas. Se trata de una herramienta adicional dentro de un paquete más amplio de restricciones que la Ciudad viene impulsando contra los deudores alimentarios.
Controles en tiempo real y sanciones para las empresas
Para garantizar la efectividad de la medida, las empresas operadoras de juego online deberán consultar de manera automatizada y en tiempo real el RPAM antes de habilitar un nuevo usuario. En caso de que se detecte que una persona ya inscripta como deudor alimentario mantiene una cuenta operativa, la orden es clara: la plataforma deberá suspenderla inmediatamente y notificar tanto al Registro como a la Justicia porteña.
El incumplimiento de estos controles por parte de las operadores no será gratuito. Las compañías que no respeten el cruce de datos y permitan operar a deudores alimentarios quedarán expuestas a sanciones graduadas según la regulación del sector, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas vigente en la Ciudad.
Desde Lotería de la Ciudad respaldaron la iniciativa al remarcar que el concepto de Juego Responsable también debe abarcar la protección de los menores. La idea oficial es que el sistema regulado de apuestas acompañe políticas públicas vinculadas con la responsabilidad parental y el resguardo de los sectores más vulnerables.
“En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online. Es muy simple: si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias”, señaló el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Prohibición de ingreso a estadios y otras restricciones vigentes
La imposibilidad de apostar online se suma a un conjunto de limitaciones que ya pesaban sobre los deudores alimentarios en la Ciudad. Desde hace más de un año, mediante operativos específicos, se les prohíbe el acceso a estadios de fútbol y otros espectáculos masivos. En ese marco, ya se impidió el ingreso de 284 personas inscriptas en el RPAM.
Actualmente, el Registro de Deudores Alimentantes Morosos cuenta con alrededor de 13.500 personas registradas, no solo de la Ciudad de Buenos Aires sino también de 14 provincias que firmaron convenios de colaboración. La administración de este registro está a cargo del Ministerio de Justicia porteño.
Quienes figuran como morosos enfrentan, además, múltiples trabas para operar en el sistema financiero y acceder a distintos derechos y beneficios. Entre otras restricciones, no pueden solicitar tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni pedir o renovar créditos en el Banco Ciudad. Tampoco están habilitados para tramitar la licencia de conducir (salvo la profesional), postularse a cargos públicos, ser candidatos en elecciones, participar en concursos o ser designados en cargos judiciales.
La nueva ley incorpora un artículo 17 bis a la Ley N° 269, que creó el RPAM, y suma regulaciones sobre los sistemas informáticos de consulta automatizada y la protección de datos personales. Con estas herramientas, el Gobierno porteño busca trazar una señal clara: el incumplimiento de la cuota alimentaria tendrá cada vez más consecuencias concretas en la vida cotidiana de los deudores.

