Proyecto para endurecer penas a conductores alcoholizados
NewsITe
Diputados nacionales de la Unión Cívica Radical por Mendoza presentaron en el Congreso un proyecto de ley que apunta a modificar en profundidad el Código Penal en materia de seguridad vial. La propuesta, impulsada por Pamela Verasay y Lisandro Nieri, busca que manejar borracho pase a ser un delito penal y deje de ser sólo una infracción de tránsito castigada con multa.
El texto legislativo recoge el reclamo histórico de familiares de víctimas de siniestros viales y se enfoca en tres ejes centrales: crear un nuevo tipo penal para la conducción con altos niveles de alcoholemia, endurecer las penas para homicidios y lesiones cometidos al volante, y evitar que las causas prescriban mientras se tramitan las apelaciones en instancias superiores.
Según explicó Verasay, presidenta del bloque de Diputados de la UCR, la idea es que el sistema penal pueda intervenir antes de que una conducción temeraria se convierta en tragedia. Para eso, el proyecto establece umbrales de alcoholemia que permitan distinguir entre la falta administrativa —sancionada con multa, retención de licencia o inhabilitación temporaria— y aquellas conductas que por su peligrosidad ameriten una respuesta penal concreta, incluso sin que se haya producido un siniestro.
Penas más duras y fin de la prescripción durante las apelaciones
El segundo punto central de la iniciativa apunta a los casos en los que la conducción riesgosa deriva en muerte o lesiones gravísimas. Actualmente, quien mata al volante puede recibir una condena condicional y evitar la cárcel efectiva. El proyecto radical propone modificar ese criterio y obligar al cumplimiento efectivo de pena de prisión, además de ampliar los plazos de inhabilitación para manejar.
De esa forma, los autores buscan que las sentencias reflejen la gravedad de conductas como manejar borracho, fugarse sin asistir a la víctima o violar de manera flagrante las velocidades máximas. En la práctica, esto volvería más difícil la excarcelación de quienes sean condenados por delitos viales graves.
El tercer aspecto relevante de la propuesta de Verasay y Nieri es poner fin a la prescripción de las causas mientras se sustancian las apelaciones. Hoy, el tiempo que insume la revisión judicial por tribunales superiores puede consumir por completo el plazo de prescripción y dejar las condenas sin efecto. La reforma plantea que la sentencia que confirma la condena interrumpa ese cómputo, garantizando que los procesos no se extingan por el mero paso del tiempo.
“Cuando una conducta vial especialmente grave deja como consecuencia una muerte o una lesión irreversible, el ordenamiento debe contar con una respuesta penal adecuada”, remarcó Verasay al fundamentar el proyecto.
La iniciativa se enmarca en el debate más amplio sobre seguridad vial en la Argentina, donde organizaciones civiles y especialistas reclaman desde hace años una legislación más estricta frente al alcohol al volante. De avanzar en el Congreso, la reforma implicaría un cambio de paradigma: manejar borracho dejaría de ser una simple infracción de tránsito y pasaría a considerarse un delito grave, con impacto directo en la prevención y en la respuesta del Estado frente a los siniestros viales.
