Proyecto de ley para devolver a la sociedad lo que roba el crimen organizado
NewsITe
En el Congreso de la Nación volvió a presentarse el proyecto de ley “Bien Restituido”, una iniciativa que busca que los bienes decomisados al crimen organizado dejen de acumularse en depósitos estatales y pasen a ser herramientas concretas de reparación social. La propuesta, que ingresa por tercera vez a la Cámara de Diputados, ya cuenta con la firma de 40 legisladores de distintos bloques.
La idea central es que inmuebles y activos vinculados a delitos como narcotráfico, trata de personas, corrupción, lavado de dinero o contrabando se conviertan en espacios y recursos de utilidad pública. Así, una casa usada como “búnker” de drogas podría transformarse en un centro de salud barrial, y un prostíbulo clandestino, en refugio para víctimas de trata o en sede de una organización comunitaria.
Quienes impulsan la norma advierten que la Argentina aún carece de una ley federal integral de administración de bienes recuperados en causas penales. Hoy, cada poder del Estado mantiene sus propios registros y criterios de uso, lo que genera superposición, competencia y falta de coordinación. El resultado es un sistema fragmentado, con escasa transparencia y nula participación ciudadana en la definición del destino de esos bienes.
Dos modelos en el mundo y el camino elegido
A nivel internacional existen, en términos generales, dos modelos para la gestión de activos de origen ilícito. Uno, economicista, concentra lo recuperado en el presupuesto estatal, donde se integra como un ingreso más. El otro prioriza la reparación directa: destina los bienes a proyectos que buscan recomponer el tejido social dañado por el delito.
El proyecto “Bien Restituido” se alinea con este segundo esquema, que tiene antecedentes avanzados en Colombia y cuyo origen suele rastrearse en la experiencia italiana de lucha contra la mafia. Allí, antiguos enclaves del crimen fueron reconvertidos en cooperativas agrícolas, centros culturales o espacios educativos gestionados por organizaciones de la sociedad civil.
Los impulsores de la iniciativa señalan que, frente al crimen organizado, no alcanza con encarcelar a los responsables y confiscar sus bienes. Sostienen que es necesario reconstruir una cultura de la legalidad y reforzar la idea de igualdad ante la ley, mostrando de manera visible que lo que se obtuvo del delito regresa a la comunidad como servicio público.
Avances y deudas pendientes en la Argentina
En los últimos años se registraron algunos pasos institucionales. La Corte Suprema de Justicia introdujo mecanismos para reducir el volumen de bienes no registrados y facilitar su entrega provisoria a organismos o entidades con fines sociales, incorporando mayores controles y publicidad en el proceso. En paralelo, el Poder Ejecutivo nacional avanzó en el diseño de un régimen de conservación y administración bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, estas medidas son parciales y no logran resolver el problema de fondo: la ausencia de una ley que ordene el sistema a nivel federal. Sin un marco normativo claro, persisten la dispersión de competencias, los vacíos de información y las dificultades para garantizar un seguimiento público de qué se hace con cada bien recuperado.
El proyecto “Bien Restituido” plantea un esquema con reglas precisas de administración y reutilización social de los activos cautelados y decomisados, con criterios de transparencia, trazabilidad y participación comunitaria. La expectativa de sus autores es que, esta vez, el Congreso avance en el debate y la aprobación, para cerrar el círculo virtuoso entre investigación penal eficaz, condena, recuperación de bienes y reparación concreta a víctimas, familias y comunidades afectadas.
“Cuando estamos frente a este tipo de criminalidad no basta con sacarle el dinero al condenado: también es esencial reconstruir legalidad y la idea de igualdad ante la ley”, sostienen quienes promueven la iniciativa.
De este modo, la discusión sobre el destino de los bienes del delito se vuelve también una discusión sobre qué tipo de Estado y de sociedad se pretende construir frente al avance del crimen organizado.
