Dos proyectos comenzaron a ser analizados en la Cámara de Diputados para permitir el uso productivo de terrenos ubicados junto a las rutas. La iniciativa establece permisos y condiciones específicas y busca aprovechar superficies que actualmente no tienen uso agrícola.
La Cámara de Diputados comenzó a analizar dos proyectos que buscan habilitar la siembra en terrenos adyacentes a las rutas nacionales, una práctica que actualmente está prohibida. Las iniciativas fueron presentadas por los diputados Javier Sánchez Wrba (PRO) y Agustina Propato (UxP) y comenzaron a ser tratadas en la Comisión de Transportes.
Según una estimación incluida en los proyectos, el aprovechamiento de estas superficies podría incorporar unas 50.000 hectáreas a la producción agrícola. El cálculo toma como referencia una Red Vial Nacional de unos 40.000 kilómetros y un promedio de dos hectáreas adicionales por cada kilómetro en las zonas consideradas productivas.
Las propuestas plantean otorgar permisos de uso productivo, precarios y onerosos, para que las tierras linderas a las rutas puedan ser trabajadas bajo determinadas condiciones. Uno de los puntos centrales es que la iniciativa no contempla sembrar sobre las banquinas ni sobre las franjas destinadas a la seguridad vial, sino en superficies adyacentes que actualmente pertenecen al dominio público.
En el proyecto impulsado por Sánchez Wrba se establece que los productores frentistas tendrían prioridad para acceder a esos permisos mediante el pago de un canon. Los fondos recaudados tendrían como destino el mantenimiento de la Red Vial Nacional.
La propuesta de Propato también contempla permisos para el uso productivo de esas tierras, aunque plantea un destino diferente para los recursos obtenidos, vinculado con fines sociales y cooperativos.
Una práctica que fue suspendida en 2008
El debate busca modificar el régimen vigente desde 2008, cuando una resolución dejó sin efecto el sistema que permitía otorgar permisos para la siembra, cultivo y cosecha en estos espacios.
La discusión no es nueva y tiene antecedentes en distintas jurisdicciones. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Ley 10.342 permite a los municipios otorgar permisos de uso precario sobre franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial. Existen además experiencias municipales, como la de 9 de Julio, donde se implementaron esquemas de este tipo.
El tratamiento en Diputados abre ahora una discusión sobre cómo aprovechar esas tierras sin afectar la seguridad vial, el mantenimiento de las rutas ni las condiciones de circulación. Las dos iniciativas coinciden en buscar un uso productivo de superficies actualmente desaprovechadas, aunque mantienen diferencias respecto del mecanismo y el destino de los recursos que se recauden.
