El fondo que obtuvo el fallo por la expropiación de YPF pidió que la jueza Loretta Preska sancione al país por un supuesto incumplimiento en la entrega de información clave.
Burford Capital, principal beneficiario de la condena en primera instancia contra el Estado argentino por la expropiación de YPF en 2012, pidió a la Justicia de Estados Unidos que declare a la Argentina en desacato y le aplique sanciones. El planteo ingresó ante la jueza Loretta Preska, autora del fallo que condenó al país a pagar USD 16.000 millones, monto que ya supera los USD 18.000 millones por los intereses diarios. La presentación se conoció en la noche del jueves.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales del Estado, sostuvo, a Infobae, que la decisión demandará tiempo. Afirmó que la Argentina rechaza los argumentos del demandante y asegura haber cumplido las órdenes del tribunal.
Maril indicó que el Estado presentará su descargo el 19 de febrero. El objetivo será refutar el pedido de sanciones. Burford fundamenta su solicitud en una supuesta falta de entrega de información que considera clave para el avance del juicio. El reclamo apunta a comunicaciones de funcionarios del gobierno actual y del anterior.
Los demandantes pidieron medidas específicas, solicitaron que el tribunal declare el “alter ego” de entes y empresas estatales como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas. También reclamaron sanciones civiles, presunciones adversas por prueba no presentada, multas coercitivas de hasta un millón de dólares diarios y la declaración formal de desacato.
La defensa del Estado y el rechazo a las sanciones solicitadas
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de la defensa del Estado, sostuvo que la Argentina cumplió “plena y ampliamente” con el discovery. Precisó que entregó más de 113.000 páginas de documentos. También recordó que declararon diversos funcionarios del gobierno nacional.
El organismo acusó que la moción de Burford busca hostigar al país. Describió los pedidos como intrusivos y desproporcionados. Señaló que la estrategia apunta a presionar a la Argentina y a entorpecer su recuperación económica. Vinculó el planteo con declaraciones del CEO del fondo a sus inversores, donde habló de “poner arena en los engranajes”.
Fuentes oficiales destacaron que a Burford se le reducen las herramientas procesales. En ese contexto, dijeron, el fondo recurre al desacato pese al cumplimiento del discovery. Interpretaron la maniobra como un intento de forzar una negociación desde una posición debilitada.
Burford Capital fue fundado y dirigido por Christopher Bogart y Jonathan Molot. Diversas fuentes lo comparan con un “fondo buitre”. La caracterización se apoya en su estrategia de comprar derechos de litigio a bajo costo y financiar juicios durante años. El objetivo consiste en multiplicar el capital con un fallo favorable.
El trasfondo del litigio y las consecuencias políticas y financieras
La sentencia “madre” de Preska condenó al Estado hace dos años por la expropiación de la petrolera. El monto original fue de USD 16.000 millones. La cifra trepó por los intereses y supera hoy los USD 18.000 millones. El Estado apeló el fallo y celebró la audiencia en octubre.
El sistema judicial estadounidense permite ejecutar sentencias mientras corre la apelación. Por ese motivo, Burford intentó cobrar desde el año pasado. Presentó varias acciones ante el tribunal. Entre ellas, buscó embargar el 51% de las acciones estatales en la petrolera. También procuró demostrar que el Gobierno y ciertas empresas públicas actúan como una misma entidad.
En ese marco, el fondo pidió correos electrónicos y mensajes personales de funcionarios de distintos períodos. Incluyó a Luis Caputo y Sergio Massa, entre otros. El Gobierno respondió que la ley estadounidense solo habilita a exigir documentos bajo posesión, custodia o control del requerido. Aclaró que no controla dispositivos ni cuentas personales. Además, invocó la legislación local, que protege la inviolabilidad de esas comunicaciones.
La Argentina prometió colaborar con los pedidos del tribunal. Sin embargo, no lo hizo en el nivel que exigieron el demandante y la jueza. Burford basó su pedido de desacato en ese presunto incumplimiento. El 24 de diciembre, el fondo ya había anticipado su intención de solicitar sanciones por la supuesta omisión de comunicaciones “off-channel”.
Más allá de la decisión judicial, el planteo tiene impacto político y financiero. El país busca volver a los mercados. El Presidente encabezará en marzo un evento para inversores en Nueva York, la Argentina Week. Un desacato ante un tribunal con jurisdicción en Wall Street sería una señal negativa.
Sebastián Soler, exsubprocurador del Tesoro, explicó a Infobae, que Burford presume que esas comunicaciones podrían probar un control intenso del Estado sobre YPF, el Banco Central, Aerolíneas y Enarsa. De prosperar, permitirían intentar embargos sobre activos en Estados Unidos. Soler recordó que entre 2002 y 2015 los fondos buitres ensayaron estrategias similares y la Justicia las rechazó.
El cronograma judicial indica que no habrá definición antes de fines de marzo. Hasta entonces, el pedido de desacato seguirá en trámite mientras avanza la apelación del fallo principal.
