Reuniones clave para avanzar en la reforma
NewsITe
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceleró en las últimas horas las negociaciones con ministros de Salud de todo el país para intentar destrabar en el Senado el tratamiento de la reforma de la ley de Salud Mental. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo el 18 de abril, apunta a introducir cambios sustanciales en el régimen de internaciones y en el abordaje de las adicciones.
Según informaron fuentes parlamentarias, Bullrich, acompañada por la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara alta, Ivana Arrascaeta, encabezó una ronda de reuniones virtuales con funcionarios sanitarios de la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy. El objetivo es construir un texto de consenso que permita avanzar con el dictamen, aún trabado por diferencias entre los distintos bloques.
Para este martes se programaron nuevos contactos con los ministros de Salud de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones por la mañana, y de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja por la tarde. La idea del oficialismo es recoger observaciones técnicas de las provincias, que son quienes gestionan la mayor parte del sistema sanitario.
Internaciones involuntarias y adicciones, en el centro del debate
Bullrich sostiene que la normativa vigente presenta “dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves” y remarca que “la salud mental no puede seguir esperando”. En esa línea, la senadora plantea que la reforma busca otorgar “herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminen en tragedias”.
Entre las principales modificaciones en estudio se encuentra el régimen de internaciones involuntarias. Una de las propuestas es que, en lugar de exigir exclusivamente la firma de un psiquiatra, se requiera la intervención de dos profesionales de la salud, de los cuales al menos uno debe ser médico y, en lo posible, especialista en psiquiatría. El criterio de riesgo grave para la vida o la integridad propia o de terceros se mantendría como condición excluyente para aplicar esta medida.
También se analiza ampliar el plazo de 48 horas para informar a la Justicia los fundamentos de una internación involuntaria en casos excepcionales, así como incorporar la obligación de definir un plan de egreso desde el momento del diagnóstico. Ese plan debería contemplar la notificación previa al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos, a fin de coordinar las condiciones de salida y el acompañamiento posterior.
Menores, consumo problemático y cierre de manicomios
Otro de los puntos que se evalúa es la incorporación de un artículo específico para el abordaje del consumo problemático de sustancias en menores de edad. El texto que se discute prevé que estos casos sean atendidos por equipos especializados con formación en salud mental infanto-juvenil, en línea con estándares internacionales de cuidado y protección de la niñez.
En paralelo, se mantendría la prohibición de crear nuevos manicomios y de establecer internaciones crónicas por problemáticas de salud mental, un eje que la actual normativa considera clave para la desinstitucionalización y la integración comunitaria de las personas con padecimientos mentales. Entre las modificaciones también figura la eliminación de referencias a la ley 26.827, vinculada al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
“El desafío es equilibrar el respeto por los derechos humanos con la necesidad de dar respuestas efectivas en situaciones de alto riesgo, tanto para los pacientes como para su entorno”, señalan en el oficialismo, que busca tejer acuerdos con las provincias y la oposición para evitar un nuevo freno al proyecto.
Mientras se afinan las propuestas, el desenlace de la reforma dependerá de la capacidad de Bullrich y del Gobierno para sumar voluntades en el Senado. El debate sobre cómo debe ser la intervención del Estado frente a las crisis de salud mental y las adicciones promete seguir en el centro de la agenda legislativa y sanitaria en las próximas semanas.
