El oficialismo busca sesionar antes del receso invernal
NewsITe
Con la crisis política por la renuncia del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni todavía fresca, La Libertad Avanza intenta retomar la iniciativa en el Congreso. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, comenzó a mover fichas para garantizar una sesión esta misma semana y así reactivar una agenda que quedó trabada en medio del escándalo por el aumento patrimonial y la confesión de evasión impositiva del ex funcionario.
La prioridad del oficialismo es que la Cámara alta se reúna antes del receso invernal, con una primera ventana este jueves y una segunda fecha posible el 16 de julio. El objetivo es abordar un temario que el Gobierno considera clave para apuntalar la gestión de Javier Milei: la reforma de la ley de tierras vinculada a la propiedad privada, una serie de pliegos judiciales y el tratamiento del régimen de incentivos a las grandes inversiones, conocido como Super Rigi.
Para alcanzar el número necesario, Bullrich buscará cerrar acuerdos con bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, Encuentro Misionero, Provincias Unidas y espacios provinciales como Primero los Salteños, Independencia, Despierta Chubut y la Neuquinidad, según confirmaron fuentes parlamentarias. En ese marco, el bloque radical ya adelantó que, tras la salida de Adorni, considera “imprescindible” que el Senado retome la agenda de trabajo y acompañe los cambios que el oficialismo impulsa para la economía y las instituciones.
Propiedad privada y cambios en la ley de tierras
El proyecto de propiedad privada aparece como el punto central de la primera sesión. Se trata de una iniciativa que modifica la actual ley de tierras y que fue diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El texto original del Gobierno abría la puerta a eliminar prácticamente todas las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros, lo que generó fuertes reparos en sectores de la oposición y de algunas provincias.
Ante esas resistencias, el oficialismo introdujo cambios. Una de las alternativas que se discuten es establecer topes a la cantidad de kilómetros cuadrados que podría adquirir una empresa del exterior. Además, en los casos en que haya participación o injerencia de otros Estados, se exigiría la intervención no solo de las provincias y del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso Nacional.
La propuesta también incorpora reformas en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego, lo que abre un debate sensible para las zonas rurales y los territorios afectados por incendios forestales. Fuentes legislativas señalan que se eliminaron del paquete los capítulos referidos a cambios en la ley de barrios populares, mientras que se ajustaron los apartados vinculados a la extranjerización de tierras.
Super Rigi, Salud Mental y otras reformas en carpeta
Además de la ley de tierras, el Senado tiene pendiente el tratamiento del Super Rigi, el régimen de beneficios fiscales diseñado para atraer inversiones de gran escala. Ese esquema, ya aprobado en Diputados, apunta a captar capitales en sectores considerados estratégicos por la Casa Rosada: tecnología, minería, energía, petróleo, infraestructura y siderurgia, entre otros.
En paralelo, avanza el debate sobre la reforma de la ley de Salud Mental. El proyecto ya pasó por las comisiones de Salud y Legislación General, donde se escucharon especialistas y actores del sistema sanitario. El oficialismo trabaja con bloques dialoguistas para consensuar un dictamen que introduzca modificaciones respecto de la propuesta original del Gobierno, en temas como internaciones, abordaje comunitario y articulación con las provincias.
También figura en el radar la actualización de la ley General de Sociedades, cuyo debate recién se encuentra en una fase inicial de reuniones informativas. Allí se discuten cambios en la regulación de sociedades comerciales, responsabilidades de los socios y mecanismos de control, con el objetivo de modernizar un marco normativo considerado obsoleto por el sector privado.
Reforma electoral y discapacidad, frenadas por falta de consenso
No todos los proyectos del paquete oficialista muestran el mismo nivel de apoyo. La reforma electoral, que propone eliminar las PASO, reducir el financiamiento estatal a las campañas y habilitar mayores aportes privados, está virtualmente detenida por la resistencia de bloques opositores que consideran que esas modificaciones debilitarían la transparencia del proceso electoral y la competencia interna en los partidos.
Lo mismo ocurre con la nueva ley de Discapacidad, que por ahora no logra reunir los respaldos necesarios ni siquiera entre algunos de los aliados que en su momento acompañaron la norma vetada por el presidente Milei. Organizaciones del sector reclaman mayor participación y alertan sobre eventuales retrocesos en materia de derechos y prestaciones.
En el oficialismo admiten que el desenlace del caso Adorni dejó secuelas políticas, pero confían en que una sesión exitosa antes del receso invernal permitiría mostrar gobernabilidad y recuperar la iniciativa legislativa.
Con la mira puesta en los próximos días, el Senado se prepara para una nueva prueba de fuego. El resultado de las negociaciones que encabeza Bullrich definirá si el Gobierno logra encaminar su agenda en la Cámara alta o si las diferencias internas y la falta de acuerdos vuelven a paralizar el trabajo parlamentario.
