La feminización de la pobreza en la Argentina actual
NewsITe
En la antesala de un nuevo Día Internacional de la Mujer, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) vuelve a poner en primer plano la profundidad de las brechas de género en el mercado laboral y en el acceso a ingresos en la Argentina. Los datos revelan que las mujeres no solo participan menos del mercado de trabajo que los varones, sino que además cobran menos, están más expuestas a la informalidad y se concentran en los sectores de menores ingresos.
De acuerdo con el relevamiento, la tasa de actividad de las mujeres se ubica en 52,6%, muy por debajo del 70,1% que registran los varones. La desigualdad también se observa en la desocupación: mientras la tasa entre ellas alcanza el 7,4%, para ellos es del 5,9%. A esto se suma una brecha en la informalidad laboral que también las perjudica, con un 38% de trabajadoras informales frente al 35,5% de los varones.
El corazón del problema está en los ingresos. Según el CEPA, los hombres ganan entre 27,3% y 29% más que las mujeres en promedio, diferencia que se agrava hasta el 40% cuando se trata de empleo asalariado informal. Este desfasaje explica que las mujeres estén sobrerrepresentadas entre los sectores de menores recursos: constituyen el 64,2% de las personas más pobres del país, porcentaje que viene en aumento respecto del año anterior.
La estructura del mercado laboral refuerza este escenario. Los sectores más feminizados son, a la vez, los de salarios más bajos. El trabajo doméstico es el caso extremo: el 98,8% de quienes se desempeñan en tareas de casas particulares son mujeres y el sector arrastra una fuerte pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo del salario real desde 2023.
Feminización de la pobreza y masculinización de la riqueza
El estudio subraya que, a medida que se asciende en la escala de ingresos, la presencia femenina se reduce. En el decil de mayores ingresos, las mujeres representan apenas el 37%, lo que lleva a hablar de una “masculinización de la riqueza”. La contracara es la feminización de la pobreza, visible en la concentración de mujeres en los deciles más bajos de ingreso.
Esta desigualdad también se traslada al plano tributario. Solo el 32,8% de quienes pagan el impuesto a los Bienes Personales son mujeres, y apenas el 30% de los contribuyentes del Impuesto a las Ganancias. Es decir, los patrimonios y las rentas bajo titularidad femenina son comparativamente menores, lo que configura una brecha patrimonial de gran magnitud.
En el ámbito doméstico, la desigualdad se profundiza: las mujeres destinan en promedio tres horas más por día que los varones al trabajo no remunerado de cuidados y tareas del hogar. Este tiempo, invisible en las estadísticas tradicionales, condiciona la posibilidad de acceder a empleos registrados, mejor pagos y con mayor estabilidad.
Ajuste del gasto público y recorte de políticas de género
El informe advierte que, en paralelo a estas brechas estructurales, el presupuesto nacional consolidó para 2026 un fuerte recorte de las políticas públicas con perspectiva de género, proceso que se inició en 2024. De cada diez programas diseñados para reducir brechas de género, siete sufrieron recortes presupuestarios o fueron directamente eliminados.
En materia previsional y de ingresos, la Moratoria Previsional registra un ajuste real superior al 40%, mientras que la Prestación Alimentar muestra una reducción de más del 17%. Las pensiones para madres de siete o más hijos también sufren recortes, aunque más leves. La Asignación Universal por Hijo (AUH) aparece como la única política con aumento real significativo, utilizada como herramienta de contención social en un contexto de ajuste general.
Respecto del mercado de trabajo, los principales programas orientados a reducir brechas laborales —entre ellos Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven— prácticamente desaparecen en las previsiones para 2026. En el terreno de la prevención de violencias de género, el conjunto de programas específicos acusa un recorte global del 86,5% en comparación con 2023, con un desplome del número de personas asistidas por la Línea 144 y una drástica reducción de sus metas para los próximos años.
Salud, cuidados y reforma laboral: impactos diferenciados
El recorte también alcanza al área de salud y derechos sexuales y reproductivos. La Educación Sexual Integral prácticamente se desmanteló y no cuenta con crédito previsto para 2026. Programas como Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable sufren ajustes, mientras que el plan Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual muestra un aumento presupuestario que, según el informe, no se condice con la ejecución real y no impidió que en 2025 no se distribuyera un solo preservativo.
En paralelo, el Plan 1000 Días y la AUH se consolidan como instrumentos centrales de contención frente a la crisis, con fuertes incrementos de recursos. Sin embargo, el CEPA advierte que estas políticas, aunque importantes, no compensan la eliminación o el debilitamiento de otras herramientas clave para garantizar derechos y reducir brechas.
La paralización de la obra pública impacta directamente sobre la infraestructura de cuidados: los programas de construcción y fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y espacios de cuidado fueron prácticamente eliminados, y no se proyecta la construcción de nuevos jardines en 2026. Esto limita aún más las posibilidades de inserción laboral de las mujeres, que siguen asumiendo la mayor carga de tareas de cuidado.
Reforma laboral y profundización de la desigualdad
El informe también analiza la reforma laboral aprobada en febrero, a la que caracteriza como un paquete de desregulación que debilita la protección de los derechos de las y los trabajadores. Entre los puntos señalados se encuentra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con una rebaja de contribuciones patronales, con un costo fiscal estimado en 0,37% del PBI, varias veces superior al de la moratoria previsional vetada por el Gobierno.
En clave de género, se destaca la eliminación de la posibilidad de que una trabajadora despedida por embarazo reclame la nulidad del despido y su reincorporación, quedando solo una indemnización agravada como respuesta. También se cuestiona la introducción del banco de horas, que permite compensar horas extras con descanso en lugar de pagarlas, generando mayor imprevisibilidad horaria para quienes cargan con las tareas de cuidado, en su mayoría mujeres.
La prioridad de los convenios por empresa por sobre los convenios colectivos de mayor cobertura, junto con la derogación de la ley de Teletrabajo que reconocía las tareas de cuidado dentro de la relación laboral, son señaladas como medidas que pueden erosionar derechos conquistados, entre ellos licencias por maternidad y paternidad más amplias.
Para el CEPA, la combinación de desigualdades preexistentes, ajuste del gasto público y cambios en la legislación laboral configura un escenario de profundización de la feminización de la pobreza y consolidación de la masculinización de la riqueza en la Argentina.
En este contexto, el organismo advierte que sin políticas activas sostenidas en el tiempo, con financiamiento adecuado y perspectiva de género transversal, las brechas laborales, patrimoniales y de acceso a derechos lejos de reducirse tenderán a ampliarse, afectando de manera directa las condiciones de vida de millones de mujeres y diversidades en todo el país.
