El Supremo de Brasil juzga a los presuntos autores intelectuales
NewsITe
La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil comenzó este martes en Brasilia el juicio contra los cinco acusados de planificar y ordenar el asesinato de la concejala y activista social Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro. El proceso, esperado durante años por movimientos de derechos humanos dentro y fuera del país, busca esclarecer quiénes fueron los responsables políticos e intelectuales del crimen que conmocionó a Brasil y al mundo.
El órgano colegiado, integrado actualmente por cuatro magistrados, reservó dos jornadas de audiencias para escuchar a las partes y dictar sentencia. La causa llegó al máximo tribunal luego de una extensa y controvertida investigación en la justicia de Río de Janeiro, criticada por demoras, filtraciones y presuntas interferencias políticas.
Entre los acusados se encuentran figuras con peso institucional en el estado de Río: Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y su hermano João “Chiquinho” Brazão, exdiputado federal. Ambos son señalados por la Fiscalía como presuntos mandantes del crimen, interesados en silenciar la voz de Franco frente a proyectos vinculados a la apropiación de tierras por parte de milicias.
También están en el banquillo Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro; Ronald Paulo Alves, expolicía militar, y Robson Calixto Fonseca, alias “Peixe”, quien fuera asesor del propio Tribunal de Cuentas fluminense. Para la acusación, estos imputados habrían participado en la planificación y cobertura del atentado.
Un crimen que marcó a Brasil y a la política latinoamericana
Marielle Franco, de 38 años, fue asesinada a balazos cuando regresaba de un acto político en el centro de Río de Janeiro, ciudad donde ejercía como concejala. Desconocidos interceptaron su auto y dispararon varias veces contra ella y su chofer, Anderson Gomes, quien también murió en el lugar. El ataque fue inmediatamente interpretado como un crimen político.
En 2024, el autor de los disparos y un cómplice fueron condenados a largas penas de prisión, pero seguía pendiente determinar quiénes habían ordenado el asesinato y con qué motivación. Para organismos de derechos humanos, la respuesta judicial a estas preguntas es clave para enfrentar la violencia política y la actuación de las milicias en el estado de Río.
Franco, nacida y criada en una favela, era una referente de la izquierda brasileña y una de las figuras más visibles en la defensa de los derechos de los habitantes de barrios populares, en particular de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGBTI. Su figura se convirtió, tras su muerte, en un símbolo internacional de la lucha contra el racismo estructural, la homofobia y la violencia institucional.
La presencia de la familia y el reclamo de justicia
En la sala del Supremo, en Brasilia, acompañan el juicio familiares y allegados de la concejala. Entre ellos se encuentra su hermana, Anielle Franco, actual ministra de Igualdad Racial del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quien se ha convertido en una de las voces más firmes en el reclamo de justicia.
- La familia insiste en que se identifique y castigue a todos los responsables, sin excepciones.
- Organizaciones de derechos humanos observan el proceso como un caso testigo frente a la violencia política.
- El avance del juicio es seguido con atención por la comunidad internacional y por colectivos negros y LGBTI.
“Hay que investigar y castigar. No es admisible que una concejala sea asesinada”, expresó Anielle Franco antes de ingresar a la audiencia, subrayando el carácter ejemplificador que puede tener el fallo.
Con el inicio del juicio en el Tribunal Supremo, Brasil se enfrenta a una prueba crucial para su sistema democrático: demostrar que incluso cuando están implicados actores con poder político y vínculos con fuerzas de seguridad, el Estado es capaz de llegar hasta el final en la búsqueda de verdad y justicia por el crimen de Marielle Franco.
