Plan de ajuste fiscal en Brasil tras la reelección de Lula
NewsITe
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dio un paso clave en su estrategia económica de mediano plazo al presentar en el Congreso de Brasil un paquete de ajuste fiscal que apunta a contener el gasto público y aumentar la recaudación a partir de 2027. La iniciativa, defendida por el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, proyecta un impacto de entre 50.000 y 60.000 millones de reales, según las estimaciones oficiales.
Moretti expuso los lineamientos del plan ante la Comisión Mixta de Presupuesto, en un contexto en el que el Ejecutivo busca mantener sus programas sociales sin perder de vista el equilibrio de las cuentas públicas. El proyecto llega tras la reelección de Lula y se enmarca en la discusión regional sobre la sostenibilidad fiscal en un escenario de menor crecimiento global y tasas de interés todavía elevadas.
El texto central de la propuesta es un proyecto de ley complementaria presentado por el líder del oficialismo en el Senado, Jaques Wagner. La iniciativa modifica la regla que limita el crecimiento del gasto federal: en los años en que se activen medidas de contención, el tope de aumento real del gasto (por encima de la inflación) se reducirá del 2,5% actual al 2% anual. De acuerdo con la estatal Agencia Brasil, esta sola modificación podría significar un ahorro de unos 12.800 millones de reales en 2027.
Recortes de beneficios fiscales y cambios en regalías
El paquete no se limita a la contención del gasto. También incluye cambios relevantes en materia tributaria. Entre ellos, se prevé recortar exenciones e incentivos fiscales, además de restringir el uso de créditos fiscales que actualmente emplean las empresas para cancelar impuestos. Con esto, el gobierno busca ampliar la base imponible y reducir lo que en Brasil se conoce como “gasto tributario”, es decir, recursos que el Estado deja de percibir por beneficios impositivos.
Otro punto sensible es la extensión, hasta 2030, de la exclusión de los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo y el gas del cálculo del gasto mínimo en salud. Se trata de una regla ya vigente en 2026, que el gobierno pretende prolongar para evitar que recursos volátiles, ligados a los precios internacionales de los hidrocarburos, se conviertan en la base permanente de gastos obligatorios.
Compromisos sociales y debate político en el Congreso
Al justificar esta medida, Moretti remarcó que “los ingresos extraordinarios no deben ser la base para financiar gastos obligatorios”, según la versión de su exposición difundida por el Senado brasileño. El ministro insistió en que el Ejecutivo mantiene su compromiso con las políticas sociales, una de las marcas de la gestión de Lula, pero subrayó que para sostenerlas se necesita un marco fiscal creíble y de largo plazo.
- Reducción del límite de crecimiento del gasto real del 2,5% al 2% en contextos de contención.
- Recorte de exenciones e incentivos tributarios para elevar la recaudación.
- Restricción del uso de créditos fiscales por parte de empresas.
- Extensión hasta 2030 de la exclusión de ingresos petroleros del cálculo del gasto mínimo en salud.
“Los ingresos extraordinarios no deben ser la base para financiar gastos obligatorios”, sostuvo el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, al defender el proyecto ante el Congreso.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, incluyó el tema en la sesión de este jueves, aunque dejó abierta la posibilidad de postergar la votación para la próxima semana si los bloques legislativos reclaman más tiempo para analizar el texto. El proyecto deberá ser aprobado por ambas cámaras para entrar en vigor, en un debate que pondrá a prueba la capacidad de Lula para articular mayorías en un Congreso fragmentado y atento al impacto político de cualquier ajuste en pleno inicio de su nuevo mandato.
Para la Argentina y la región, el rumbo fiscal de Brasil es un factor clave: se trata de la mayor economía sudamericana y principal socio comercial argentino. Un ajuste ordenado podría fortalecer la moneda brasileña y estabilizar el escenario regional, mientras que eventuales tensiones políticas en torno a estas reformas podrían sumar incertidumbre a un contexto económico ya desafiante.
