La Paz expuso en la OEA un clima de conflictividad y tensión política
NewsITe
El Gobierno de Bolivia denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la existencia de un escenario de “desestabilización” política contra la administración del presidente Rodrigo Paz y reclamó el acompañamiento del organismo regional para preservar el orden democrático en el país andino.
La presentación se realizó en Washington y estuvo encabezada por el vicecanciller Carlos Paz Ide, mientras que el canciller Fernando Aramayo participó de manera virtual para fijar la posición oficial del Ejecutivo. Según expusieron, el conflicto social ya supera las tres semanas, mantiene cercada a la ciudad de La Paz y deriva en fuertes consecuencias económicas y sociales para la población.
Aramayo solicitó de manera explícita el “acompañamiento político” del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, con el objetivo de fortalecer los canales de diálogo democrático, resguardar la institucionalidad y evitar una mayor escalada de violencia. También reclamó que el sistema interamericano condene toda forma de violencia política, coerción organizada y acciones destinadas a alterar el normal funcionamiento del Estado.
De acuerdo con la exposición oficial, los bloqueos y protestas que se multiplican en distintos puntos del país impactan de lleno en la vida cotidiana de los bolivianos, a quienes identificó como los principales perjudicados. En particular, se mencionó el desabastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, así como las dificultades para acceder a servicios de salud.
Bloqueos, crisis económica y señalamientos al crimen organizado
En su intervención ante los embajadores, Paz Ide describió un escenario de “conflictividad social compleja” enmarcado en una etapa de transición económica e institucional. Detalló que el país enfrenta una caída de los ingresos provenientes de los hidrocarburos, un debilitamiento de las reservas internacionales, presiones inflacionarias y tensiones fiscales que agravan el contexto político.
El vicecanciller subrayó que Bolivia reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero marcó un límite cuando esa modalidad vulnera derechos fundamentales de terceros. Según precisó, en las últimas semanas se registraron más de 60 puntos de interrupción en rutas estratégicas de la red vial nacional, lo que obstaculizó el transporte de bienes esenciales y condicionó la libre circulación de personas y mercancías.
Las autoridades advirtieron que el conflicto afectó el funcionamiento de hospitales y otros servicios críticos, con demoras en la atención, falta de insumos y complicaciones para los pacientes que requieren tratamientos continuos. Al mismo tiempo, manifestaron preocupación por la posible convergencia entre sectores que impulsan medidas de presión extrema y actores vinculados a economías ilícitas.
- Más de 20 días de protestas y bloqueos en rutas clave.
- Desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos.
- Presiones fiscales y caída de ingresos por hidrocarburos.
- Advertencias sobre la presencia de crimen organizado y narcotráfico.
Esta línea argumental coincide con recientes advertencias de autoridades estadounidenses. El subsecretario de Estado Christopher Landau alertó sobre la incidencia del crimen organizado y el narcotráfico en la crisis boliviana, señalando que grupos ilegales podrían estar aprovechando la inestabilidad para ampliar su influencia en la región.
Pedido de respaldo hemisférico y defensa del orden constitucional
Paz Ide sostuvo que “determinados sectores buscan instrumentalizar la conflictividad social con fines de erosión institucional y desestabilización política”, y aseguró que el Ejecutivo de Rodrigo Paz pretende encauzar las diferencias a través del diálogo y los mecanismos previstos por la Constitución.
En este contexto, Bolivia reclamó a la OEA un seguimiento político cercano de la situación y el respaldo de los países miembros para desalentar cualquier intento de ruptura del orden democrático. La administración boliviana insiste en que detrás de las movilizaciones hay grupos radicalizados con la intención de alterar el orden constitucional, al tiempo que busca mostrar en el plano internacional una imagen de compromiso con la institucionalidad y los derechos ciudadanos.
“Bolivia reconoce plenamente el derecho a la protesta pacífica, pero ningún derecho es absoluto cuando vulnera derechos fundamentales de terceros”, remarcó el vicecanciller Carlos Paz Ide ante la OEA.
La evolución del conflicto y la respuesta de la OEA serán claves para definir el clima político en Bolivia en las próximas semanas, en un escenario donde se entrecruzan demandas sociales, fragilidades económicas y disputas por el poder en uno de los países estratégicos de la región andina.
