Crisis política en Bolivia: remueven al ministro de Economía
NewsITe
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dispuso la destitución del ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, luego de que éste fuera censurado por la Asamblea Legislativa por no asistir a una interpelación clave sobre la política económica del Gobierno en un contexto de fuerte crisis.
La decisión fue formalizada a través de un decreto publicado en la Gaceta oficial, donde además se designa de manera interina al actual ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano, como responsable de la cartera económica. El movimiento sacude el tablero político boliviano en un momento de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Espinoza había solicitado reprogramar la interpelación, alegando que tenía previstos viajes oficiales al departamento de Santa Cruz y a Brasil. Sin embargo, su pedido fue rechazado por la Asamblea y, en la sesión, 91 de los 129 legisladores presentes votaron a favor de la censura. La Ley 1350 establece que, una vez comunicada la censura al presidente, éste debe remover al ministro cuestionado en un plazo máximo de 24 horas.
Debate legal por la censura y la Constitución
Desde el Gobierno se argumenta que la resolución legislativa es inconstitucional. Sostienen que la Constitución boliviana exige el respaldo de dos tercios del total de miembros de la Asamblea Legislativa para concretar una censura, y no de los parlamentarios presentes al momento de la votación, como ocurrió en este caso.
En esa línea, el propio Espinoza anunció una consulta ante el Tribunal Constitucional para revisar la legalidad tanto de la censura como de su eventual destitución. El decreto firmado por Paz consigna que se interpuso una acción de amparo constitucional y que la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto fijó una audiencia para el 24 de agosto, en la que se analizará el fondo del planteo.
Un relevo obligado en medio de la crisis económica
El texto oficial detalla que, según los antecedentes enviados al Poder Ejecutivo sobre la audiencia, no se hizo mención a ninguna medida cautelar ni disposición que suspendiera los efectos de la censura legislativa. Al cumplirse el plazo previsto por la Ley 1350, el Gobierno resolvió avanzar con la destitución para, según se explicó, mantener la continuidad del funcionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La salida de Espinoza se produce en un escenario de dificultades económicas para Bolivia, con presiones inflacionarias, demandas sociales y debates sobre el rumbo fiscal. La llegada de Justiniano, con experiencia en Producción Sostenible y Medio Ambiente, plantea interrogantes sobre la orientación que tomará la política económica en los próximos meses, a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional sobre la validez de la censura parlamentaria.
El decreto señala que corresponde disponer la destitución del ministro “sin perjuicio de las determinaciones que disponga la Sala Constitucional respecto a la resolución de censura”, en una señal de que el conflicto institucional seguirá abierto.
Mientras tanto, el relevo en Economía se convierte en un nuevo capítulo de la puja entre el Ejecutivo y el Legislativo en Bolivia, con impacto directo en la gestión de la crisis económica y en la estabilidad política del país andino.
