Bolivia impide misión argentina que denunciaba violaciones a los DD.HH.
NewsITe
El gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, decidió deportar a una delegación de legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que había llegado al país vecino en el marco de una Misión Humanitaria. El grupo tenía previsto relevar presuntas violaciones a los derechos humanos vinculadas a la represión de protestas sociales, pero fue detenido apenas arribó al aeropuerto de El Alto y obligado a abandonar el territorio boliviano.
Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes legislativas y de organizaciones sociales, la comitiva estaba integrada por el diputado nacional de Fuerza Patria (FP) Juan Marino; la legisladora porteña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Partido Obrero (FIT-PO), Vanina Biasi; la secretaria general del gremio docente Ademys, Soledad Mosquera; María José Cano, de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros referentes.
Al llegar en la madrugada de este lunes, las autoridades migratorias retuvieron la documentación de los integrantes de la misión y les impidieron el ingreso formal a Bolivia. De acuerdo con el relato de los deportados, fueron conducidos bajo una fuerte presencia policial y obligados a abordar un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra, desde donde se dispuso su inmediato regreso hacia la Argentina.
Denuncias de “secuestro” y acusaciones de violaciones a los tratados
Desde el avión, Vanina Biasi, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, describió la situación como un “secuestro con represión policial” y sostuvo que el operativo se dio en un contexto de creciente represión contra sectores sindicales, campesinos y de pueblos originarios. La dirigente señaló que la Misión Humanitaria ya había actuado en escenarios similares en otros países de la región y que en esta oportunidad el objetivo era constatar las denuncias sobre la represión estatal en Bolivia.
Biasi afirmó que en el país vecino se vive “una verdadera dictadura militar” y acusó al gobierno de Paz Pereira de intentar instalar un “Estado de sitio” de hecho. En la misma línea, Alejandrina Barry aseguró que en el aeropuerto “no los dejaban bajar del avión” y que el trato recibido “fue igual al de un secuestro”. Según su testimonio, las autoridades bolivianas intentaron que los integrantes de la misión firmaran documentos que atribuían al viaje motivaciones falsas, a las que calificó como “causas truchas”.
En Argentina, el jefe del bloque de Diputados de Fuerza Patria, Germán Martínez, exigió a las autoridades bolivianas que permitieran a Marino cumplir con la agenda para la que había sido invitado por la Asamblea Plurinacional. Además, reclamó a la Cancillería y a los consulados argentinos que garanticen la libertad y la integridad física de todos los integrantes de la delegación expulsada.
La Misión Humanitaria habla de decisión “dictatorial”
En un comunicado oficial, la Misión Humanitaria remarcó que el viaje había sido convocado por legisladores, organizaciones sociales y sectores de la sociedad civil boliviana con el propósito de relevar “las incesantes violaciones a los derechos humanos en el marco de la represión estatal”. La expulsión de la delegación, advirtieron, constituye “una decisión política violatoria de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y de los Tratados de Derechos Humanos” firmados por ese país.
- Denuncian al menos una decena de personas asesinadas en el marco de la represión estatal y paraestatal.
- Se señalan centenares de presos políticos, con denuncias de torturas y falta de atención médica adecuada.
- Hay reportes de secuestros de dirigentes sindicales, campesinos y de pueblos originarios.
- Se denuncian agresiones a la prensa, estigmatización de manifestantes y hechos de discriminación y racismo.
“La expulsión de la misión es un acto dictatorial que atenta contra los fueros diplomáticos de los legisladores y contra el derecho del pueblo boliviano a denunciar la represión”, sostuvo la Misión Humanitaria en su documento.
Las organizaciones convocantes llamaron a los organismos de derechos humanos, fuerzas políticas y sindicatos de la región a mantenerse en estado de alerta y a reclamar garantías para futuras misiones de observación internacional. En paralelo, se espera una respuesta formal de la Cancillería argentina y eventuales presentaciones ante organismos multilaterales, en un nuevo capítulo de tensión diplomática en torno a la situación política y social en Bolivia.
