El gobierno de Paz Pereira endurece su discurso en plena ola de protestas
NewsITe
El Gobierno de Bolivia denunció la presencia de activistas y funcionarios extranjeros en las protestas que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, y anunció la expulsión de aquellos que, según la administración, habrían ingresado al país como turistas pero participan en actividades políticas internas.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, afirmó que las investigaciones de la Dirección General de Migración, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, permitieron identificar a personas que declararon un motivo de viaje distinto al que realmente estaban llevando adelante en territorio boliviano. Sin precisar cuántos ni de qué países son todos los involucrados, el ministro aseguró que ya se activaron los mecanismos legales para ordenar su salida inmediata.
“¿Qué tendría que hacer un funcionario extranjero azuzando a nuestra población y queriendo atizar más un escenario de polarización?”, cuestionó Aramayo, al justificar las medidas migratorias y acusar a los extranjeros de alentar un clima de mayor confrontación. El gobierno enmarca estas expulsiones en la defensa de la soberanía y en la prohibición de injerencia externa en la política doméstica.
Las declaraciones se producen en medio de una crisis política y social que se profundiza día a día. Las calles de distintas ciudades del país registran marchas, piquetes y bloqueos de rutas impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas y otros sectores sociales, que exigen la dimisión del mandatario y la apertura de un nuevo escenario político.
Escalada de tensión y acusaciones de plan desestabilizador
Desde el oficialismo se habla de un plan desestabilizador que buscaría capitalizar el descontento social y agravar la polarización. Las autoridades bolivianas sostienen que parte de esa estrategia incluiría la participación de actores extranjeros, a los que se acusa de promover acciones destinadas a “profundizar la conflictividad” y debilitar al gobierno de Paz Pereira.
En ese contexto, la Cancillería refuerza la tesis de que la intervención de activistas foráneos vulnera las normas migratorias, que prohíben a los turistas realizar actividades políticas. Aramayo defendió la potestad del Estado de aplicar sanciones, entre ellas la expulsión del territorio, frente a lo que calificó como una clara intromisión en asuntos internos.
- Las protestas se concentran en bloqueos de carreteras y movilizaciones masivas.
- La COB y organizaciones campesinas encabezan los reclamos contra el gobierno.
- La Cancillería señala a activistas extranjeros como parte de un plan de desestabilización.
“Las medidas adoptadas son una respuesta legítima frente a actos de injerencia que buscan profundizar la polarización política en Bolivia”, sostuvo el canciller Fernando Aramayo.
Mientras el Ejecutivo endurece el discurso y avanza con expulsiones, los sectores movilizados mantienen la presión en las calles y reclaman la salida del presidente. La situación abre un nuevo capítulo de incertidumbre política en Bolivia, con un escenario marcado por la desconfianza, las acusaciones cruzadas y la búsqueda de apoyo internacional de ambas partes.
