Bloques dialoguistas dejaron sin quórum a Diputados

Rebelión dialoguista y revés para el oficialismo en Diputados

Bancas vacías en la Cámara de Diputados durante la fallida sesión

NewsITe

La sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para debatir la denominada Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central naufragó antes de comenzar. Una serie de bloques considerados dialoguistas decidió no bajar al recinto y dejó sin quórum al oficialismo, en una jugada que expuso el creciente malestar de varios gobernadores y fuerzas aliadas.

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El protagonismo de la maniobra recayó en el bloque Provincias Unidas, espacio heterogéneo de 18 integrantes que responde, entre otros, a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Diecisiete de sus legisladores optaron por no ocupar sus bancas, con la única excepción de la diputada cordobesa Alejandra Torres. Con ese solo movimiento, la sesión quedó herida de muerte.

Según reconstruyó Noticias Argentinas, el trasfondo del enojo de estos mandatarios provinciales está vinculado, en primer término, al freno que encontró en Diputados la Ley de Biocombustibles, ya aprobada en el Senado. La iniciativa eleva el corte obligatorio de bioetanol y biodiésel y favorece a grandes complejos aceiteros del Gran Rosario y a empresas maiceras de Córdoba y Tucumán, en tensión con pymes de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, que lograron ponerle un freno al avance del proyecto en la Cámara baja.

A esto se sumó el malestar de Provincias Unidas por la falta de respuesta del Gobierno a sus pedidos durante la discusión del Presupuesto 2027. El dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda fue firmado sin el aval de los representantes del bloque, Carolina Basualdo y Jorge Rizzotti, que reclamaban una rebaja del Impuesto a los Combustibles Líquidos, mayores subsidios al transporte, fondos para obra pública y más recursos para cubrir los déficits de las cajas jubilatorias provinciales.

Disputa por el Consejo de la Magistratura y grieta por la reforma política

Otro punto de fricción fue el acuerdo entre el oficialismo y el PRO para asegurar una silla al partido amarillo en el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas sostiene que, por su volumen parlamentario —18 integrantes contra una docena del PRO—, le corresponde ese lugar como segunda minoría de la Cámara. La decisión de marginarlos terminó de endurecer la postura del bloque presidido por la santafesina Gisela Scaglia.

No fueron, sin embargo, los únicos ausentes. Los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, también decidieron no dar quórum. Vinculados políticamente al ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, argumentaron que su negativa responde a la reforma política impulsada por el Gobierno, a la que acusan de restringir la participación de los partidos más chicos y de recentralizar el sistema de selección de candidaturas y el financiamiento electoral.

En un comunicado titulado «La democracia no se negocia», el MID advirtió que la modernización institucional no puede implicar menos pluralidad ni menor representación. Cuestionaron el endurecimiento de los requisitos para la creación y permanencia de partidos, y alertaron sobre el riesgo de reducir la diversidad de voces en el sistema republicano.

También se alejaron de la estrategia oficial otros espacios provinciales. Cinco de los ocho diputados de Argentina Federal y los tres integrantes de Elijo Catamarca, alineados con el gobernador Raúl Jalil, evitaron sentarse en sus bancas. El jefe de este último bloque, Sebastián Nóblega, sostuvo que la soberanía sobre Malvinas «no está en discusión», pero reclamó una ley específica para las islas, separada de reformas en materia de defensa, seguridad e inteligencia.

«Modernizar no es restringir. Menos participación no es más democracia. Sin pluralidad, no hay representación», advirtieron desde el MID al fundamentar su negativa a dar quórum.

Nóblega también cuestionó la propuesta de crear un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades para investigar, sancionar, congelar fondos y subir aranceles hasta el 75 %, atribuciones que, recordó, corresponden al Congreso. Desde Catamarca, remarcó la defensa de los recursos provinciales y abrió la puerta a acompañar solo una ley acotada a Malvinas, que apunte de manera directa a quienes exploten recursos sin autorización argentina. El episodio dejó expuesta la fragilidad del andamiaje legislativo del Gobierno y anticipa negociaciones más ásperas en los debates que vienen.

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