Basural sin freno en el límite entre Ezeiza y La Matanza

NewsITe
El límite entre los partidos de Ezeiza y La Matanza volvió a quedar bajo la lupa por un problema que se repite desde hace años: montañas de residuos que se acumulan en cuestión de días pese a los operativos de limpieza municipales. La escena se concentra sobre la calle Blas Parera, una zona fronteriza donde convergen camiones, carros y vehículos particulares que arrojan basura de manera clandestina.
Según señalaron fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas, cada operativo sigue el mismo libreto: se limpia con maquinaria pesada, se retiran las montañas de desperdicios y se liberan las zanjas y accesos. Sin embargo, a los pocos días el basural vuelve a formarse, alimentado por el descontrol en los límites entre distritos y la falta de sanciones efectivas para quienes infringen las normas.
Desde la intendencia de Ezeiza reconocen que el volumen de residuos supera la capacidad de los servicios cuando se trata de zonas limítrofes, donde es habitual que personas y empresas de otros municipios descarguen desperdicios. En ese contexto, la fiscalización se vuelve difusa y los controles quedan atrapados en un vacío de competencias entre jurisdicciones.
El intendente Gastón Granados utilizó sus redes sociales para endurecer el tono. Aseguró que el Municipio realiza tareas de limpieza “de forma constante”, pero advirtió que “los residuos vuelven a colapsar el lugar” y que “no hay recurso ni servicio que soporte tanto” frente a la reiteración de infracciones. El mensaje apuntó tanto a los vecinos que tiran basura como a camionetas y transportistas que utilizan el sector como un vertedero informal.
Cámaras, destacamento policial y disputa política
Como respuesta, el Ejecutivo local anunció la instalación de cámaras de vigilancia y la construcción de un destacamento de control policial en la zona de Blas Parera. La apuesta es contar con registro audiovisual para identificar a quienes arrojan residuos fuera de los circuitos habilitados y habilitar la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de labrar actas y aplicar multas.
- Colocación de cámaras para identificar vehículos y responsables.
- Construcción de un destacamento policial para reforzar el control territorial.
- Coordinación con áreas de Ambiente y Obras Públicas para mantener la limpieza.
- Impulso a sanciones económicas para quienes arrojen basura de forma ilegal.
El conflicto por el basural también abrió un frente político en la provincia de Buenos Aires. Dirigentes locales cruzan acusaciones sobre quién debe asumir la responsabilidad principal en una zona donde se superponen jurisdicciones y competencias. Mientras tanto, organizaciones ambientales y referentes barriales reclaman políticas coordinadas entre municipios, mayor presencia estatal y campañas de concientización sostenidas.
“El desafío central es la trazabilidad del residuo: saber quién lo genera, cómo se transporta y qué sanciones se aplican cuando se infringe la ley. Sin controles permanentes y articulación entre distritos, los operativos se vuelven meramente reactivos y el basural se reconstruye una y otra vez”, advierten especialistas en gestión ambiental urbana.
En paralelo a las medidas de vigilancia, el caso reabre el debate sobre la gestión integral de residuos en el conurbano bonaerense: la necesidad de ampliar puntos de disposición formal, fortalecer el trabajo con cooperativas de reciclado y educar a la población para evitar que las calles, zanjas y terrenos baldíos se transformen en basurales crónicos a cielo abierto.

