El juez Martínez de Giorgi define el futuro procesal de los acusados
NewsITe
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi interrogó nuevamente a tres imputados en la causa que investiga una presunta red dedicada al hackeo de teléfonos celulares y al espionaje ilegal sobre algunos de los principales referentes del Poder Judicial argentino. Con estas últimas declaraciones, el magistrado quedó en condiciones de resolver la situación procesal de Elías Nuñes Pinheiro, Ariel Pedro Zanchetta y Tomás Patricio Hvalica.
La causa, radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, apunta a dilucidar la existencia de una organización que habría obtenido, de forma sistemática y fuera de todo marco legal, información de jueces de la Corte Suprema, magistrados federales y fiscales de alto perfil. Los tres sospechosos fueron convocados esta vez bajo la imputación del presunto delito de asociación ilícita, luego de que la investigación incorporara nuevos elementos que reforzarían la hipótesis de una estructura delictiva organizada.
Según fuentes judiciales, Nuñes Pinheiro y Zanchetta se remitieron a sus declaraciones anteriores y rechazaron integrar una banda criminal. Ambos negaron conocer a Hvalica y evitaron responder preguntas de las partes. Hvalica, por su parte, optó por guardar silencio y pidió la exención de prisión, beneficio que le fue otorgado con la obligación de presentarse una vez por mes ante el juzgado.
Roles atribuidos y foco en la estructura de la red
La investigación señala que Nuñes Pinheiro habría tenido un rol central en la intervención de líneas telefónicas mediante la duplicación de chips, un mecanismo que permite tomar el control de los dispositivos de las víctimas. Esa maniobra habilitaría el acceso a comunicaciones privadas, aplicaciones de mensajería y datos sensibles.
En tanto, a Zanchetta —ex integrante de la Policía Federal y señalado como posible agente inorgánico de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI)— se lo acusa de haber utilizado la información obtenida a través de esos hackeos para la comisión de otros delitos. Parte de los pagos por esos servicios se habrían realizado en criptomonedas, según surge del expediente.
Respecto de Hvalica, los investigadores lo apuntan como presunto creador de la plataforma “DARK PFA”, desde la cual se habría accedido a bases de datos alojadas en la denominada deep web. Esa herramienta, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría servido para recolectar información personal utilizada luego para ejecutar los ataques informáticos.
Víctimas, antecedentes y peritajes clave
Entre las presuntas víctimas figuran el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. También habrían sido alcanzados los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu; los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y los camaristas federales Pablo Bertuzzi y Roberto Boico, entre otros magistrados y fiscales como Franco Picardi, Carlos Stornelli y Gerardo Pollicita.
La causa ya había registrado un avance relevante en agosto de 2023, cuando Nuñes Pinheiro y Zanchetta fueron procesados por violación de sistemas de confidencialidad, interceptación ilegal de comunicaciones y fraude. De acuerdo con la pesquisa, el hacker misionero obtenía datos para intervenir líneas y los entregaba, mediante pagos en criptomonedas, a un usuario identificado como “ElJuanxd”, cuya identidad todavía no pudo ser determinada.
- La investigación también detectó una base de datos privada financiada por un usuario apodado “Arjunin”, que los pesquisas vinculan a Zanchetta.
- En paralelo, Nuñes Pinheiro fue condenado en la Justicia porteña a tres años de prisión en suspenso por intervenir ilegalmente el teléfono del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, en un expediente independiente de la causa federal.
Los peritajes informáticos que realiza la División Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional son considerados decisivos para determinar el alcance y el funcionamiento de la presunta red de espionaje.
Mientras se aguardan esos informes técnicos finales, el juzgado avanza en la reconstrucción de los circuitos de información, los vínculos entre los imputados y el posible entramado financiero detrás de las operaciones, en un expediente que vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de las comunicaciones y la intimidad de los máximos funcionarios judiciales del país.
