Avanza a juicio la causa Prostitución Vip contra Santos

Los hermanos Santos, cada vez más cerca del banquillo

Leandro Santos afronta acusaciones en la causa Prostitución Vip

NewsITe

Los hermanos Leandro, Rodrigo y Micaela Santos afrontan una instancia clave en la causa conocida como Prostitución Vip, derivada de la investigación iniciada en Uruguay bajo el nombre “Operación Blanca”. El expediente, que sacude desde hace años al mundo del espectáculo y la farándula, se encamina ahora hacia el juicio oral en la Justicia Federal argentina.

Fuentes judiciales confirmaron que el próximo 24 de noviembre por la mañana se realizará la audiencia preliminar en los tribunales de Comodoro Py. En esa instancia se definirá la modalidad del debate, la prueba que se producirá y el calendario para el inicio del juicio contra los tres hermanos Santos.

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La investigación se remonta a diciembre de 2010, cuando una de las presuntas víctimas radicó una denuncia en Uruguay. A partir de ese primer testimonio se originó la “Operación Blanca”, que derivó en nuevas acusaciones contra el empresario y, con el tiempo, en la apertura de una causa penal en la Argentina bajo la denominación “Prostitución Vip”.

En el ámbito federal, los Santos están acusados por una combinación de delitos graves: amenazas coactivas, trata de personas, asociación ilícita y lavado de activos. El caso es seguido de cerca por organismos especializados en la lucha contra la explotación sexual y por entidades dedicadas a la protección de derechos de las mujeres.

La hipótesis de la fiscalía sobre el rol de la agencia de modelos

Según la imputación, la agencia Latin American Models, fundada en 2007, habría funcionado como pantalla para captar a mujeres jóvenes en Argentina y Uruguay con la promesa de impulsar sus carreras en el modelaje y los medios. Sin embargo, parte de ellas habría sido luego explotada sexualmente en fiestas, eventos y encuentros privados de alto perfil.

Los testimonios relevados por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) señalan que las mujeres mantenían relaciones sexuales a cambio de dinero, que sus estadías eran abonadas por Leandro Santos y que a los eventos privados asistía un círculo recurrente de invitados.

  • Entre los asistentes se mencionan funcionarios, políticos, sindicalistas, empresarios y figuras del espectáculo.
  • Entre las presuntas víctimas figuran modelos que participaban en programas de televisión de alto rating en la Argentina.

La periodista de investigación Camila Dolabjian, de Radio Rivadavia, reveló que varias mujeres relataron haber sido trasladadas a Buenos Aires con la expectativa de realizar presencias y desfiles, pero terminaron en un inmueble de Palermo conocido como el “Galpón de los Santos”, donde se habrían concretado encuentros sexuales organizados.

Organización transnacional y presuntas coacciones

De acuerdo con el fallo al que se tuvo acceso en 2020, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Leandro Santos por presuntamente haber liderado o integrado, entre junio de 2009 y diciembre de 2014, una organización criminal transnacional dedicada a captar, trasladar, acoger y recibir mujeres mayores de edad de nacionalidad argentina y uruguaya con fines de explotación sexual, tanto en el país como en Uruguay.

En la resolución se menciona además la supuesta participación de José Miguel Acosta, señalado como socio en Uruguay, y de Roberto Rodríguez Delgado, alias “Daniel”, también uruguayo, junto con los hermanos Santos. La Justicia identificó al menos 24 mujeres mayores de edad como presuntas víctimas de esos hechos.

“En algunos casos, se habrían valido de intimidaciones y coerciones hacia las presuntas víctimas, tales como manifestarles que, en caso de no mantener relaciones sexuales, no podrían irse del lugar o no progresarían en sus carreras y serían desvinculadas de la agencia”, sostuvo el juez Casanello en su fallo.

Mientras la causa ingresa en su tramo definitorio, la audiencia preliminar del 24 de noviembre será determinante para saber cuándo y cómo se desarrollará el juicio oral. Allí se pondrá en juego no solo la situación procesal de los imputados, sino también la voz de las víctimas que, más de una década después de los primeros hechos denunciados, esperan una respuesta de la Justicia.

Agencia NA

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