El Senado avanza con el traspaso de causas por delitos sexuales y juveniles a CABA

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Un plenario de comisiones del Senado de la Nación dio este lunes un paso clave en el proceso de transferencia de competencias penales desde la Justicia Nacional hacia el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Los senadores firmaron dictamen favorable a los convenios que habilitan el traspaso de causas vinculadas a delitos contra la integridad sexual, calumnias e injurias y delitos cometidos por jóvenes de entre 14 y 18 años –excepto los de competencia federal– al fuero porteño.
El debate se llevó adelante en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde. El oficialismo impulsó el dictamen como una nueva señal política hacia el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en el marco de la consolidación de la autonomía judicial de la Ciudad de Buenos Aires prevista en el artículo 129 de la Constitución Nacional.
Los acuerdos, firmados el 3 de julio por el ministro de Justicia de la Nación y su par de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia, establecen una transferencia progresiva de competencias penales. De ser aprobados por el Congreso y luego por la Legislatura porteña, el fuero local comenzará a instruir en causas especialmente sensibles, como aquellas vinculadas a delitos sexuales y al nuevo régimen penal juvenil que entrará en vigencia el 5 de septiembre.
Apoyos, objeciones y el trasfondo del debate judicial
El dictamen fue respaldado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y distintos bloques provinciales. El peronismo, en cambio, anticipó su rechazo, en línea con las críticas de gremios judiciales y de la Asociación de Magistrados, que alertan por el impacto institucional y laboral de la medida.
Durante la reunión, Guzmán Coraita subrayó que se trata de la “cuarta etapa” del proceso de traspaso de competencias, encaminado a materializar plenamente la autonomía porteña. Desde el Ministerio de Justicia, el jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Política Criminal, Mariano Rivas, defendió los convenios y afirmó que la Ciudad “cuenta con disponibilidad y capacidad para hacerse cargo de estas nuevas competencias”, destacando que la metodología aplicada replica experiencias previas consideradas exitosas.
En el mismo sentido se expresó Javier Buján, presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de CABA, quien instó al Congreso a aprobar cuanto antes el traspaso, en vistas de la inminente implementación del nuevo régimen penal juvenil. Buján remarcó que el sistema acusatorio porteño logró reducir los tiempos de resolución de causas a entre tres y seis meses, y sostuvo que el Poder Judicial local “no solo está en condiciones de asumir nuevas competencias, sino en mejores condiciones de hacerlo”.
Las objeciones llegaron desde la Justicia Nacional. El presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Pinto, advirtió que la transferencia de la Justicia Nacional de Menores genera “incertidumbre e inestabilidad” para jueces, funcionarios y empleados, al dejar sin claridad sus futuras funciones y disponer el eventual cierre de juzgados. También cuestionó la falta de especialización del nuevo esquema, dado que los tribunales penales juveniles porteños intervienen sobre mayores y menores.
En la misma línea, el secretario general de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN), Gonzalo Martínez Salum, sostuvo que los convenios desatienden la situación laboral de los trabajadores judiciales y reclamó que los acuerdos sean rechazados o, al menos, suspendidos hasta que se definan garantías concretas para el personal afectado. El dictamen ahora deberá ser debatido en el recinto, en una discusión que promete exponer diferencias políticas, institucionales y sindicales sobre el modelo de Justicia que se busca para la Ciudad de Buenos Aires.
“No solo estamos en condiciones de asumir nuevas competencias penales, estamos en mejores condiciones de asumirlas”, afirmó el camarista porteño Javier Buján al defender el traspaso.

