“El personal militar actualmente se halla bajo arresto e investigación por sus propias autoridades”, informó la Fiscalía Nacional.
Dos militares que dispararon esta semana en contra de un grupo de migrantes en el sur de México, matando a seis, fueron arrestados y serán juzgados por sus propias autoridades castrenses, según comunicó este jueves la Fiscalía Nacional (FGR).
La FGR, dijo que las primeras pesquisas arrojaron que entre los fallecidos hay tres migrantes de Egipto, uno de Honduras, otro de Perú y uno más que no ha sido identificado. Más temprano la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó de que entre los muertos había una persona de El Salvador.
“El personal militar actualmente se halla bajo arresto e investigación por sus propias autoridades”, informó la FGR en un comunicado. “Los elementos de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) serán interrogados por el Ministerio Público de la Federación (MPF), en el curso de este día”, agregó.
En el mismo documento, la institución dijo que la mayoría de los sobrevivientes fueron identificados como ciudadanos de Cuba, Egipto, India, Nepal y Pakistán, por lo que están solicitando a los consulados correspondientes “presencia y apoyo” en la investigación, así como ayuda para las víctimas.
La Sedena argumentó en la víspera que los soldados dispararon después de que la camioneta en que viajaban 33 migrantes intentó evadir una patrulla militar, y que los efectivos escucharon disparos.
Sheinbaum se negó a responder a preguntas sobre el relato de los militares, limitándose a decir que la investigación estaba en curso. Otros 10 migrantes resultaron heridos.
Lo ocurrido vuelve a poner de relieve la creciente crisis de seguridad en la región del sur del país, donde una batalla territorial entre poderosos cárteles de la droga ha provocado un fuerte aumento de la violencia en el último año.
En junio, organizaciones de defensa a derechos humanos dijeron que la frontera sur de México es cada vez más violenta, con constantes enfrentamientos entre grupos criminales que incluso han intentado reclutar de manera forzada a jóvenes para sumarlos a sus filas, causando el desplazamiento de cientos de familias a Guatemala.
Militarización
Por casi dos décadas, organismos locales e internacionales como la ONU han criticado que México esté usando a militares para combatir a grupos delincuenciales, bajo el argumento de que la estrategia ha generado más violaciones a derechos humanos e incluso muertes por el uso desmedido de la fuerza.
La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de México dijo el jueves que “la fuerza letal por parte de agentes del Estado” causaron “esta tragedia” que surge “no como un hecho aislado, sino como consecuencia de la militarización de la política migratoria”.
“Por la naturaleza y gravedad de los hechos (…) el Estado mexicano está obligado a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva”, agregó.
A través de un comunicado, la Cancillería de Perú también condenó “enérgicamente los hechos donde murió uno de sus connacionales, y dijo través de su representación diplomática en México que “exigirá a las autoridades una (…) urgente investigación que esclarezca” y determine responsabilidades.
Las representaciones diplomáticas de Egipto y Honduras en México no respondieron de inmediato a solicitudes de información de Reuters sobre el caso.
Las muertes, del martes por la noche en el sureño estado mexicano Chiapas, fronterizo con Guatemala, subrayan las crecientes tensiones que existen en diversas regiones de México debido a la presión del Gobierno de Estados Unidos para contener la migración irregular.
