Continúan sin cupos los servicios penitenciarios de San Nicolás, Junín y Campana para alojar a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, los sindicalistas acusados de extorsión y coacción cometidos contra una empresa.
De la redacción de EL NORTE
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Luego del revés judicial en la causa que se les sigue a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por el que se les rechazó el pedido de eximición de prisión, la jueza a cargo, María Eugenia Maiztegui, había ordenado la remisión de ambos desde la DDI San Nicolás donde se encuentran alojados, de ser posible, hasta la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás o a las cárceles de Campana o Junín. Hasta el momento la superpoblación carcelaria impide el cumplimiento de la medida y se aguarda cupo para cumplir con la manda judicial.
En tanto, se espera la resolución de Casación sobre los recursos solicitados de eximición de prisión y de habeas corpus que se encuentran desde el domingo 9 de abril en la sala 5 del Tribunal de Casación y que fueran oportunamente presentados por los abogados defensores Daniel Llermanos y Mauricio Gugger.
Otra presentación
El abogado Gabriel Ruiz, de San Nicolás, presentó en el día de ayer otro recurso de habeas corpus ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal a favor de Cabaleyro y Espíndola solicitando la libertad de ambos y aunque no es representante legal de las partes, está habilitado por ley como cualquier ciudadano a presentar el recurso cuando se esté en conocimiento de lo que se considere detención arbitraria de alguna persona.
Trascendió que el escrito presentado sostiene que las detenciones de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola responden más a un acto político que a la comisión de un delito, poniendo en riesgo el sistema sindical amparado por la Constitución Nacional y Convenios Internacionales. Es lo que manifiesta Gabriel Ruiz, y afirma que los fueros con que cuentan los sindicalistas impedirían la detención y que en el caso de Cabaleyro también lo ampararía su función de concejal.
Consultados los abogados patrocinantes de las partes, Dres, Gugger y Llermanos, acerca de esta presentación, declinaron realizar declaraciones, pero sostienen que ya el recurso fue debidamente interpuesto en su oportunidad y que están a la espera de la resolución.
Los sindicalistas se encuentran detenidos por “extorsión y coacción” en una causa que investiga el presunto pedido de coimas a la empresa Rey Distribución SRL.
La Justicia consideró inadmisible la liberación de ambos porque entiende que podrían entorpecer el proceso. La fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la causa, deberá solicitar la prisión preventiva en el plazo fijado por ley en un máximo de 30 días contados desde la detención mientras se reúnen las pruebas que sustenten la solicitud.