Los puntos acordados se enmarcan en el requerimiento de la compañía de retomar actividades productivas en la planta paralizada desde el 20 de marzo pasado en virtud de una medida cautelar de la Justicia. En la audiencia convocada por la jueza Luciana Díaz Bancalari participaron representantes de la empresa, del Ministerio de Ambiente bonaerense, de la Autoridad del Agua y del Conicet, además de FOMEA.
De la redacción de EL NORTE
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Con la perspectiva de retomar tareas productivas en su planta paralizada desde el 20 de marzo pasado, la empresa Atanor acordó en la Justicia una serie de medidas y acciones a desarrollar a partir de este mismo lunes. Los puntos están contenidos en un plan de trabajo entregado a la jueza Luciana Díaz Bancalari y consensuados entre representantes de la empresa, del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, de la Autoridad del Agua (también de ámbito bonaerense), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de la ONG Foro Medio Ambiental.
El acuerdo se dio en el marco de una audiencia convocada por la magistrada y celebrada este viernes. Según pudo saber EL NORTE, fue una extensa reunión de casi seis horas que desembocó en el plan de trabajo consensuado.
En la empresa, que desde el 11 de mayo tuvo a sus 130 empleados suspendidos (periodo en el cual también se acordaron retiros voluntarios), confían que en el transcurso de septiembre la planta de zona sur podrá comenzar a retomar la actividad productiva, siquiera parcialmente.
Hacia fines de junio, la compañía de la internacional Albaugh había presentado a la Justicia un Plan de Gestión Ambiental. Y también suscribió un convenio con el Conicet.
En audiencias posteriores, la jueza Díaz Bancalari, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal Nº3 de San Nicolás, había solicitado los correspondientes informes y documentación a las autoridades de aplicación en materia ambiental: el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Agua.
Tal como oportunamente informó EL NORTE, la magistrada también ordenó a un comité de expertos (con participación del Conicet) que presentara este mismo viernes, día de la más reciente audiencia un “esquema inicial integrador de elementos para la elaboración de una posible solución”. Ese aporte también cimentó el plan de trabajo acordado.
Comunicado oficial
En tanto, este sábado el Juzgado de Díaz Bancalari volvió a emitir un comunicado centrado en los avances de la causa.
“En fecha 23 de agosto de 2024 se realizó una audiencia en sede de la Cámara Departamental, convocada por la magistrada a cargo de este organismo, frente a representantes del Conicet, con la presencia de los abogados de las partes (demandada, Atanor, y actora, ONG FOMEA), junto a personal profesional de la empresa, expertos pertenecientes a la Mesa de Gestión Universitaria, subsecretario del Ministerio de Ambiente Provincial, vocal de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), y subsecretario de contralor Municipal de San Nicolás”, informó el comunicado.
Y añadió que “la empresa se comprometió frente al Juzgado a brindar la información necesaria para adecuar ese convenio (el suscrito con el Conicet) a la realidad de ATANOR y especialmente, a reducir los tiempos para obtener los resultados de tan importante evaluación”.
El juzgado también hizo saber que “de acuerdo a lo que surgió de la reunión, en una evaluación de riesgo se analizan entre otras variables, la eficacia de los sistemas de alarma ante una emergencia”.
“Es importante hacer saber que esta forma de trabajo permite acortar sensiblemente los plazos para una posible apertura de la empresa”, agregó el escrito oficial.