Dos domicilios de San Nicolás fueron identificados por la Justicia como los lugares de confinamiento para las personas secuestradas en Rosario y en Villa Ramallo por la organización criminal desbaratada y cuyos miembros fueron condenados. Una de las locaciones es una quinta de lujo en barrio Parque Avamba’é, que los delincuentes habrían alquilado con identidad falsa en la plataforma Airbnb.
De la Redacción de EL NORTE
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Tras las condenas a miembros de una organización criminal dedicada al secuestro de personas, las fuentes oficiales de la investigación brindaron nuevos detalles acerca de cómo operó la banda que había aceitado una logística digna de una fuerza de seguridad paralela. Se conoció que los cautiverios de las personas secuestradas se produjeron en domicilios de San Nicolás, como así también la liberación de algunos de ellos.
El caso más llamativo es el del tercero de los casos investigados. En rigor, el segundo y el tercero: uno en grado de tentativa porque la captura resultó fallida y el otro consumado. Ocurrieron con cinco días de diferencia y con las mismas víctimas en la mira de los criminales. Ambos episodios tuvieron como escenario el área de cocheras de un edificio de Rosario y como víctimas a una mujer (F. B.) y a su hijo adolescente de 13 años. El 5 de octubre de 2023, el hecho se frustró porque la camioneta utilizada por los captores quedó atascada en el portón del garaje. Cinco días después, la mujer y el menor de edad fueron capturados en el mismo sitio por tres hombres con rostros cubiertos que los obligaron a subir a una camioneta Renault Trafic blanca. Los secuestradores trasladaron a las víctimas al lujoso barrio Parque Avamba’e de la zona sur de San Nicolás, donde las hicieron permanecer durante todo el cautiverio en una habitación.
Por su liberación, exigieron 3 millones de dólares, pero sin que se llegara a pagar el rescate; ambas víctimas fueron liberadas ilesas esa noche sobre la Ruta Nacional 188, en una zona rural de Campo Salles.
También en San Nicolás
En tanto, aunque sin precisiones de una ubicación puntual, el otro secuestro investigado también tuvo un domicilio nicoleño como lugar de confinamiento. Se trata del primero de los hechos por los que se condenó a la organización delictiva y ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo. Tuvo como víctima a A. D., que fue interceptado por personas que simularon ser funcionarios de la Policía Federal.
El hombre fue trasladado hasta un domicilio de San Nicolás. Los secuestradores se comunicaron a través de mensajes de texto con un familiar del cautivo y le hicieron saber la ubicación de la camioneta, donde habían dejado un bolso con teléfonos celulares y una nota donde daban instrucciones y pedían un millón de dólares de rescate. Al día siguiente, por la noche, se acordó el pago de 580.000 dólares en la localidad bonaerense de Wilde y la madrugada siguiente la víctima fue liberada en el ingreso a la localidad santafesina de Theobald, a unos 8 kilómetros de San Nicolás.
En todos los casos, se evidenció que la banda llevaba a cabo tareas de inteligencia previa complejas para seleccionar a víctimas con un elevado perfil económico y patrimonial, sobre quienes demostraron tener un conocimiento total sobre sus vidas. Las víctimas eran sujetas con algodones en los ojos y precintos en manos y piernas, y las liberaciones se realizaban a la vera de rutas nacionales, en el medio del campo.
Con identidad falsa
El líder ideológico de la banda, Claudio Coto, fue vinculado por organizar las tareas logísticas fundamentales, principalmente el alquiler de los lugares de cautiverio, utilizando identidades falsas. En ambos secuestros, los inmuebles —ubicados en San Nicolás y alquilados a través de plataformas digitales como Mercadolibre o Airbnb— fueron contratados por una persona que se identificó como “Juan Carlos” o “Juan Carlos Sacullo”.
La vinculación se tornó indubitable cuando, al momento de la detención de Coto, se le incautó un DNI con el nombre de Juan Carlos Sacullo. Además, a partir de peritajes de voz que marcaron una gran similitud y por el testimonio de los investigadores, fue identificado como el secuestrador que efectuaba las llamadas extorsivas, utilizando un distorsionador que en una ocasión falló.
El rol de Néstor Santabaya fue corroborado por su presencia física en momentos clave de la ejecución de los secuestros, como la captura y liberación de las víctimas. Los informes de geolocalización de su teléfono personal mostraron un comportamiento “ilógico” para un usuario común, movilizándose por zonas de interés (Ramallo, San Nicolás, Wilde) en momentos críticos, y siendo apagado deliberadamente durante la ejecución de los hechos para evitar su rastreo. Además, fue vinculado al uso de una camioneta Renault Trafic blanca —misma marca, modelo y color que la utilizada en el secuestro de F. B. y su hijo— que apareció acondicionada como ambulancia en otro robo millonario ocurrido días después, evidenciando la reutilización de vehículos y el cambio de patentes como práctica habitual de la organización.
A su vez, Emiliano Acuña y Sebastián Pugliese fueron vinculados por múltiples evidencias. El primero fue reconocido por una víctima por sus ojos y mirada, ya que lo tuvo cerca durante la captura. Y Pugliese fue señalado por una de las víctimas como uno de sus cuidadores en San Nicolás, y lo describió como obsesionado por el ajedrez, detalle que coincidió con el hallazgo de tableros de ese juego al allanar su domicilio.
Las condenas
Tal como oportunamente ya consignó EL NORTE, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 3 de Rosario condenó a penas de entre 5 y 19 años y medio de prisión a seis integrantes de la banda criminal que entre 2021 y 2023 planificó y cometió secuestros extorsivos con familiares de empresarios como víctimas en la ciudad santafesina de Rosario y en la bonaerense de Villa Ramallo.
La organización fue desbaratada y llevada a juicio tras una investigación realizada por la Unidad Fiscal Rosario y la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco).
El TOF N° 3, integrado por los jueces Eugenio Martínez (presidente), Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, dio a conocer el veredicto el 3 de octubre pasado en la jornada de cierre del juicio, y el 14 del mismo mes publicó los fundamentos en una extensa resolución de casi 300 páginas. Las penas más altas fueron de 19 años y 6 meses de prisión para el comerciante Claudio Daniel Coto (63), y de 17 años y 6 meses de prisión para el mecánico Néstor Adrián Santabaya (61), como “jefe ideológico” y “jefe operativo”, respectivamente, de la asociación ilícita.
Ambos también fueron considerados coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate y por la participación de tres o más personas, en concurso ideal con robo agravado, por haberse cometido en lugar poblado y en banda; secuestro extorsivo agravado por ser una de las víctimas menor de 18 años de edad y por la participación de tres o más personas; amenaza anónima y extorsión en grado de tentativa. Coto también fue sentenciado por tenencia ilegítima de documento nacional de identidad ajeno.
Por los mismos delitos que Santabaya, pero como coautores, también fueron condenados a 14 años de prisión Emiliano Mario Andrés Acuña (38) y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (47), quien además fue declarado reincidente. El remisero Nicolás Adrián Santabaya (32) —hijo del mecánico— fue condenado a 5 años de prisión como coautor de asociación ilícita y autor de tenencia ilegal de arma de guerra, ambos en concurso real, y también se lo declaró reincidente. La misma pena se le impuso a Silvia Beatriz López (44) —pareja de Pugliese— como coautora del delito de asociación ilícita y partícipe secundaria de secuestro extorsivo agravado.
