El proyecto busca modificar la Ley de Migraciones, endureciendo los requisitos para la obtención de residencias y estableciendo aranceles en servicios de salud y educación para no residentes.
El Gobierno argentino está desarrollando una reforma migratoria que propone mayores controles y restricciones en la concesión de residencias a ciudadanos extranjeros. El proyecto, que modifica la Ley 25.871 de Migraciones, será presentado al Congreso durante las sesiones ordinarias.
Entre las medidas contempladas, se destaca la implementación de un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes extranjeros.
Según fuentes oficiales, en administraciones anteriores no se ejerció un control riguroso sobre la documentación presentada, lo que permitió que algunos extranjeros estudiaran solo por breves periodos y luego permanecieran en el país de forma permanente.
Restricciones para inmigrantes con hijos argentinos
La reforma también busca limitar la posibilidad de que inmigrantes ilegales obtengan la residencia a través de sus hijos nacidos en Argentina.
Actualmente, este trámite requiere la presentación de la cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino.
Esta disposición está relacionada con el programa de regularización Patria Grande, implementado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que permitió la regularización de más de 565.000 personas hasta 2007.
Salud y educación para no residentes
El proyecto incluye, además, la implementación de aranceles en servicios de salud y educación para extranjeros no residentes.
Esta iniciativa, anunciada en diciembre por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca que los no residentes contribuyan económicamente al utilizar estos servicios públicos.
Refuerzo en el control fronterizo
Como parte de la reforma migratoria, el Gobierno planea fortalecer los controles en las fronteras del norte del país.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó el plan Güemes en la provincia de Salta, que contempla el despliegue adicional de agentes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura e Inteligencia Criminal en la frontera con Bolivia.
Estas medidas se enmarcan en una política más restrictiva que busca prevenir la entrada de elementos considerados peligrosos para la seguridad nacional.
Fuentes oficiales señalan que el alineamiento internacional de Argentina, especialmente en apoyo a Israel, exige mayores precauciones ante posibles amenazas de países como Irán.
En este contexto, el Gobierno también evalúa la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de control fronterizo y seguridad interna, especialmente contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico que intenten operar en el país.
