Argentina participó de la primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales para frenar la violencia sexual digital

EN MÉXICO, DEL 24 AL 27 DE FEBRERO

El encuentro reunió a activistas, sobrevivientes de violencia sexual digital y funcionarias públicas. Desde 2013 se han establecido 35 leyes Olimpia en todo México y algunos países como Panamá y Argentina –donde ya fue aprobada– y en Honduras, Bolivia y Ecuador, donde está en construcción.

 Olimpia Coral Melo (centro), Citlalli Hernández (izq.) y María Noel Vaeza (dcha.). EFE

De la Redacción de EL NORTE

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Frente a los nuevos riesgos por la modificación de imágenes que trae inteligencia artificial (IA), Ciudad de México fue esta semana anfitriona de la primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales con el objetivo de establecer un modelo regional para castigar la violencia sexual digital. Del 24 al 27 de febrero, activistas, sobrevivientes de violencia sexual digital y funcionarias públicas de México, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Honduras, Panamá y El Salvador se reunieron en la capital mexicana para impulsar avances en la región.

La fundadora del Movimiento Ley Olimpia y Defensoras Digitales, Olimpia Coral Melo, ha señalado que el logo de la cumbre es la silueta del mapa de América Latina al revés, como un símbolo de que “hoy las reglas cambian” y las decisiones las toman “las mujeres en los sures globales”.

“Desde aquí, hacemos una afrenta directa y hacemos una cruzada en nombre del amor y desde la digna rabia para explicarle al mundo que las latinoamericanas existimos y resistimos, que las latinoamericanas no somos un video sexual, no somos un objeto de comercio para la cultura porno. Somos mujeres, somos sujetas de derechos, y hoy, la agenda mundial digital la vamos a construir nosotras”, aseveró la activista.

Coral Melo advirtió que el “algoritmo patriarcal” actualmente “auspicia más de 2 millones de mercados de explotación sexual”.

Leyes olimpia

La impulsora de la ley que lleva su nombre para castigar la violencia sexual digital en México ha recordado que desde 2013 se han establecido 35 leyes Olimpia en todo México y algunos países de América Latina, como Panamá y Argentina, donde ya fue aprobada, y en Honduras, Bolivia y Ecuador, donde está en construcción.

“No estamos dispuestas a que el mundo digital se escriba sin nosotras (…) Nosotras sí soñamos por cambiar el código (…) No son páginas porno. Son mercados de explotación sexual digital, en donde el 99% de esos contenidos son de personas, y en especial, son de mujeres que no dieron su consentimiento para estar allá”, ha agregado Coral.

Manipulación de imágenes

Frente a la amenaza de la masificación de la IA en el contexto internacional, esta primera cumbre busca tejer y fortalecer alianzas para hacer frente a los riesgos de la manipulación de imágenes para generar desnudos, conocidos como ‘deepfakes’ o ultrafalsos, de los que cada vez más jóvenes son víctimas.

La secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández, ha reconocido la lucha de Coral Melo como un “orgullo mexicano”, pionera en la discusión de la violencia digital.

No obstante, también ha advertido de la necesidad de “exigirles a las plataformas, a las distintas herramientas y espacios digitales a que también se hagan responsables en este combate”. “Cuentan con todo el Gobierno de México para esta y otras luchas”, afirmó Hernández.

ONU, acceso y subrepresentación

Por su parte, la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, ha destacado la importancia de “estar juntas, hoy más que nunca”, frente a un mundo digital que está replicando las violencias machistas.

“A las lideresas latinoamericanas nadie las para. Nadie nos va a parar, ningún presidente, ningún político, ningún movimiento que diga no, nos va a parar”, aseguró. Además, señaló que el 40% de las mujeres en la región no tienen acceso a Internet, lo que también significa una forma de violencia.

Durante la cumbre, también se abordaron las violencias y subrepresentación en el espacio digital de las mujeres con discapacidad audiovisual y de las mujeres indígenas, quienes son hasta tres veces más propensas a ser víctimas de discursos de odio en línea.

Pocos avances en legislación y justicia

Algunos países están comenzando a implementar leyes. Por ejemplo, la Unión Europea presentó en abril de 2021 una propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial con el objetivo de que esos sistemas garanticen los derechos humanos y sean seguros. La ley entró en vigor en agosto pasado. A finales de septiembre de 2021, el Congreso de Brasil aprobó un proyecto de ley que crea un marco legal para la inteligencia artificial.

Más allá de la legislación sobre violencia digital o el uso sexista de las tecnologías está la deuda pendiente por brindar justicia a las víctimas. En México, la gran mayoría de denuncias por violencia digital quedan en la impunidad. En marzo pasado, un reporte publicado en La Jornada documentó que de 3205 carpetas de investigación iniciadas por violencia digital desde 2020, el 95% no se judicializaron, solo 109 presuntos agresores fueron vinculados a proceso y únicamente se lograron cinco sentencias.

Más del 70% de los casos no se denuncian

Más del 70% de las víctimas de violencia sexual digital en México no denuncian estas agresiones, según reveló un estudio presentado durante la primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales. En general, la estadística en diversos países es escasa, por lo que el relevamiento resulta de importancia. Entre las principales razones para no denunciar, está “que era más fácil dejarlo pasar, tener miedo y tener poca confianza en las autoridades”, señala el informe, elaborado por activistas del Frente Nacional para la Sororidad y la Red de Defensoras Digitales, con el apoyo de la plataforma Align.

“Esto demuestra que la persistencia del mandato de género que culpabiliza a las mujeres por la violencia en su contra resulta en una baja confianza en las autoridades y daña el apoyo que la reforma legal está orientada a proveer y la transformación que busca generar al desincentivar denuncias”, evalúa el reporte.

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