El Gobierno lleva a Hamburgo la disputa por la explotación en Malvinas
NewsITe
El Gobierno argentino enviará en noviembre una delegación oficial al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para reclamar el cese inmediato de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos autorizadas por el Reino Unido en la zona de las Islas Malvinas y su plataforma continental.
Las audiencias fueron fijadas para los días 10 y 11 de noviembre. Allí, la Argentina solicitará medidas provisionales en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el objetivo de proteger sus derechos soberanos sobre la plataforma continental y resguardar los recursos naturales frente al avance unilateral de licencias británicas.
Según trascendió, la representación argentina estará encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, y por la embajadora Betina Pasquali, designada coagente ante el Tribunal. La participación argentina se inscribe en una estrategia jurídica de largo aliento para reforzar en foros internacionales la posición histórica del país sobre la cuestión Malvinas.
Cronograma de las audiencias en el Tribunal del Mar
El Tribunal confirmó que las sesiones serán públicas y podrán seguirse en vivo a través de su sitio web oficial. El 10 de noviembre, la Argentina expondrá de 10 a 13 (hora local de Hamburgo), mientras que el Reino Unido lo hará ese mismo día entre las 15 y las 18. El 11 de noviembre se prevé una nueva ronda: la delegación argentina intervendrá de 10.30 a 12, y la británica, de 17.30 a 19.
Semanas atrás, la Oficina del Presidente informó que el país presentó un pedido formal de medidas provisionales ante el Tribunal, en el marco del procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la CONVEMAR. Ese paso apuntó a evitar que las acciones unilaterales británicas profundicen la controversia reconocida por las Naciones Unidas en torno a la disputa de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.
Fundamentos legales y alcance del reclamo argentino
El planteo se sustenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que habilita a los Estados a pedir medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral, cuando exista riesgo de daño grave al medio marino o de perjuicio irreparable a los derechos en disputa. Desde la Casa Rosada señalan que la exploración y futura explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte podría generar un impacto ambiental significativo y consolidar hechos consumados en una zona cuya jurisdicción está en discusión.
- Reclamo de cese de las operaciones hidrocarburíferas autorizadas por el Reino Unido.
- Preservación de los recursos naturales de la plataforma continental argentina.
- Prevención de daños al ecosistema marino del Atlántico Sur.
- Respaldo en el marco jurídico de la CONVEMAR y de las resoluciones de la ONU sobre la cuestión Malvinas.
“La presentación busca preservar los derechos soberanos de la Argentina sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia”, señaló la Oficina del Presidente al anunciar el inicio del procedimiento arbitral.
Cómo funciona el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
Creado a partir de la firma de la Convemar en 1982, el Tribunal del Mar es un órgano jurisdiccional independiente con competencia para resolver disputas relativas a la navegación, la delimitación de fronteras oceánicas, la protección del medio marino y el aprovechamiento de recursos vivos y minerales. Está integrado por 21 jueces de reconocida trayectoria, elegidos bajo criterios de representación geográfica y diversidad de sistemas jurídicos.
El cuerpo actualmente incluye magistrados de países como Camerún, Argentina, Chile, Brasil, Países Bajos, China, Rusia, Ucrania, Italia, Japón e India, entre otros. Sus decisiones y opiniones consultivas contribuyen a consolidar la interpretación del Derecho del Mar y suelen ser tomadas como referencia por otros tribunales y organismos internacionales. En este contexto, el caso impulsado por la Argentina se convierte en un nuevo capítulo de la estrategia diplomática y jurídica en defensa de la soberanía en el Atlántico Sur.
