El Gobierno suma a la Guardia Revolucionaria iraní al registro de terroristas
NewsITe
El Gobierno nacional oficializó la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al considerarlo una organización terrorista. La medida, informada por la Oficina del Presidente, se apoya en informes de inteligencia y causas judiciales que vinculan a ese cuerpo militar con los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires en la década del 90.
Según se recordó, el 17 de marzo de 1992 un coche bomba destruyó la sede diplomática del Estado de Israel en Buenos Aires, dejando 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, otro ataque con explosivos demolió la sede de la AMIA, donde murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Ambos hechos son considerados los mayores atentados terroristas sufridos por la Argentina en tiempos de paz.
De acuerdo con el comunicado oficial, estos atentados habrían sido planificados, financiados y ejecutados con la participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria, a través de la organización Hezbollah. La Justicia argentina mantiene vigentes notificaciones rojas de Interpol contra varios ciudadanos iraníes, entre ellos el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, actualmente al frente del CGRI.
Coordinación interna y alcance de la medida
La decisión fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Según fuentes oficiales, los organismos aportaron informes que dan cuenta de actividades ilícitas de carácter transnacional atribuidas a la Guardia Revolucionaria, incluyendo el apoyo a organizaciones terroristas y la posible utilización del sistema financiero para su financiamiento.
La incorporación al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras sobre bienes y activos vinculados al CGRI, así como restricciones operativas en el país. Entre las herramientas previstas se incluyen el congelamiento de fondos, mayores controles sobre movimientos financieros sospechosos y la imposibilidad de operar con entidades sujetas a supervisión local. El objetivo declarado es limitar la capacidad de acción de esa estructura y proteger a la plaza financiera argentina de eventuales maniobras ilícitas.
“Una deuda histórica con las víctimas”
El presidente Javier Milei enmarcó la decisión como un gesto de reparación hacia las víctimas de los atentados y sus familiares, a más de tres décadas de los ataques. Desde la Casa Rosada remarcaron que la medida se alinea con las decisiones tomadas previamente por otros países occidentales, que ya han señalado a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista o han impuesto sanciones específicas.
La Presidencia sostuvo que la Argentina profundiza así su alineamiento con la llamada “civilización occidental” frente a quienes considera regímenes y grupos que buscan socavarla, y reafirma su compromiso en la lucha contra el terrorismo internacional y el crimen organizado.
La definición del CGRI como organización terrorista se inscribe en un contexto global de tensión creciente en Medio Oriente y de mayor escrutinio internacional sobre las redes de financiamiento de grupos armados. En el plano interno, la medida reabre el debate sobre el rol del Estado argentino en el esclarecimiento de los atentados de los años 90 y en la búsqueda de justicia por las víctimas de la Embajada de Israel y de la AMIA.
