Hace 20 años, una prosperidad aparente con una paridad entre el peso y el dólar que se hacía imposible de sostener, años de endeudamientos y sucesivos planes de austeridad convergieron en una de las mayores crisis de la historia del país.
La confiscación de los depósitos bancarios el 1 de diciembre de 2001 sumó a la clase media a las protestas masivas y terminó en una explosión social que dejó un trauma en la memoria de los argentinos.
Saqueos en negocios y supermercados, manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron en 48 horas 39 muertos en todo el país, caídos bajo las balas policiales –cinco de ellos en cercanías de la Plaza de Mayo– y centenares de heridos.
“Recordar el 2001 no puede ser solo nostalgia. 2001 tiene que ser aprendizaje porque de nuevo nos encontramos en la misma situación. La deuda es con el pueblo”, advirtió desde un escenario Ofelia Fernández, legisladora por la coalición de gobierno Frente de Todos.
La crisis económica derivó en el default más grande de la historia por unos 100.000 millones de dólares.
En otro punto de la Plaza, se llevó a cabo una mesa de debate del Polo Obrero, organización social ‘piquetera’ de la izquierda radicalizada, surgida al calor de la crisis de 2001.
“Estoy orgulloso de estar aquí 20 años después. 2001 fue un golpe popular, una rebelión popular que golpeó en el corazón del poder político”, indicó el dirigente Néstor Pitrola al advertir que dos décadas después “estamos otra vez suplicando en Washington un acuerdo (con el Fondo Monetario Internacional) que nos va a traer una década de miseria”.
Placa de homenaje
Más temprano, el presidente Alberto Fernández inauguró este domingo una placa en la explanada de la Casa Rosada (gobierno) con los nombres de los 39 muertos con la presencia de familiares de las víctimas.
Fernández consideró necesario que “el Estado nacional institucionalmente se haga cargo de lo ocurrido”.
“Todas las muertes ese día fueron injustas, no hubo ninguna muerte justificada”, dijo el mandatario antes de descubrir la placa que reza: “En memoria de quienes fueron víctimas de la violencia institucional defendiendo la democracia en todas las calles del país”.
El gobierno anunció que enviará un proyecto de ley que establezca una indemnización para las víctimas de la represión policial.
Ante los familiares, Fernández lamentó que “la justicia tardó 20 años en llegar y llegó mínimamente”.
La semana pasada, la Cámara de Casación confirmó las condenas de un juicio en 2016 al entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov (4 años y 3 meses) y al exjefe policial Rubén Santos (3 años y medio), por tres homicidios culposos (involuntario) y lesiones a 25 víctimas. Sin embargo, las sentencias fueron recurridas ante la Corte Suprema.